Nuevamente la justicia porteña acompaña una iniciativa del macrismo que afecta a cientos de estudiantes y docentes. Pese a las decenas de movilizaciones y marchas; a varias manifestaciones en las puertas del Ministerio de Educación; y reuniones interminables entre familias, docentes y toda la comunidad educativa; en las últimas horas, el Juez Martín Furchi del juzgado en 1ra instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, autorizó el cierre de la Escuela Indira Gandhi de Parque Norte. De no apelarse el fallo, en los próximos días la institución dejará de funcionar y el lugar será cedido al sector privado, más precisamente al sindicato de Empleados de Comercio.
El anuncio del cierre y traslado fue realizado por el gobierno en octubre pasado. De esta manera, más de 200 estudiantes de esa institución educativa serán trasladados provisoriamente a una escuela de Constitución, la Interdisciplinaria N° 3 que ya cuenta con su propia comunidad educativa y supera los 60 estudiantes. Según el GCBA, allí permanecerán un año y luego serán trasladados a un edificio nuevo. Las familias resistieron esta medida desde un primer momento, dado que no creen en ese tiempo estimado y tampoco quieren que sus hijos sean trasladados a ningún otro lugar.
“Vamos a apelar esta medida. Nos quieren hacer creer que el gobierno de la ciudad le tiene que devolver la escuela y Puerto Pibes al sindicato de Empleados de Comercio, cuando en el contrato dice que únicamente debe entregarlo si hay un acuerdo con el gobierno de la ciudad, en el contrato que se hizo en su momento con Menem por la venta de esas tierras”, dijo a Tiempo Adrián Albor, abogado que representa a la comunidad educativa de la Indira.
“Es decir, que para devolverle el espacio de la escuela y Puerto Pibes, tuvo que haber hecho un acuerdo con el macrismo para la entrega de esos terrenos que son estratégicos y muy valiosos. En definitiva, lo que se hace es cerrar una escuela, algo de lo que el PRO ya tiene mucha experiencia”, agregó.
El fallo a favor del cierre de la Escuela Indira Gandhi, se realizó incluso pese a que el gobierno de la ciudad no contestó el requerimiento del propio juez Furchi, acerca de si había hecho impacto psicológico sobre los estudiantes, en especial, sobre aquellos que tienen discapacidad, respecto al impacto del cierre de la escuela y su traslado de los estudiantes a otro establecimiento educativo.
“Pero tampoco el juez que firmó el fallo contó con la información acerca de la cantidad de estudiantes por metro cuadrado que viola la propia reglamentación del Gobierno de la Ciudad, el juez no hizo lugar a la medida cautelar para que no demuelan la escuela”, terminó Albor.
Todos los gobiernos del PRO intentaron cerrar esta escuela y siempre se encontraron con la resistencia de las familias. El Ejecutivo porteño de Jorge Macri se enfrentó a un doble rechazo: por un lado padres, madres y docentes de la escuela Indira que resisten el cierre y el traslado; y por el otro la comunidad educativa de la Escuela Interdisciplinaria N° 3, un establecimiento que recibe a más de 60 estudiantes con alguna discapacidad.
A mediados de los años ’90, el menemismo le vendió esos terrenos al sindicato Empleados de Comercio. El sindicato firmó un convenio que contenía una cláusula para que una parte del predio fuera utilizada para políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia, condición por la que se creó Puerto Pibes y la escuela indira Gandhi.
El ministerio faltó a la verdad
Desde la Escuela Indira Gandhi señalaron a este medio que el GCBA mintió desde un comienzo: “Primero nos dijeron que no iban a trasladar nada si no estaba terminado el nuevo edificio de la Escuela, y de golpe en los últimos meses nos quieren sacar de acá sin haber levantado un solo ladrillo de la supuesta escuela que van a construir”, contó a Tiempo una docente de la Indira que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
Según información oficial del Gobierno porteño, el supuesto nuevo edificio escolar que terminarían en un año, contará con 7 aulas reservadas a jardín de infantes y otras 11 destinadas al nivel primario.
“También nos habían dicho que en el nuevo edificio iban a sumar 100 vacantes. Ya no les podemos ceer nada, son unos mentirosos y violentos, porque quieren hacer negocios con estas tierras y para eso están dispuestos a demoler una escuela y terminar con la educación pública”, sumó la docente.
Fuente Tiempo Argentino
