“¿Quién los entiende a estos inservibles?, quieren sacar esta ciclovía que es útil en todo sentido, y dejan la otra porquería del Av. Del Libertador donde algunos ciclistas se llevan por delante a pibes que salen de la escuela”, increpó Marcos en diálogo con Tiempo Argentino, respecto a la remoción que quiere hacer el gobierno porteño de la ciclovía de la calle Tucumán que une los barrios de Almagro, Balvanera y San Nicolás.
Marcos es oficinista y hace varios años que dejó de utilizar su automóvil porque “conducir en esta Ciudad atestada de autos es imposible, aparte me lo robaron dos veces, más de 10 me lo levantó la grúa y no sé cuántas multas truchas me inventaron”, suma y termina: “Yo hago siempre el mismo recorrido, salgo del Abasto y voy hasta el barrio de Once por esta ciclovía, para mí, una de las pocas que sirve y está bien hecha pero estos inútiles de toda inutilidad la quieren destruir”, agrega.
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Los trabajos de remoción, por ahora, afectaron al trayecto de la ciclovía desde Tucumán N° 1400 al 1600
Por este tema, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) informó durante la jornada que presentó una acción de amparo para evitar que la administración macrista elimine la ciclovía de la calle Tucumán, que une los barrios de Almagro (Comuna 5), Balvanera (Comuna 3) y San Nicolás (Comuna 1).
Entre los argumentos presentados en la justicia, el ODC considera que “los trabajos de remoción, por ahora, afectaron al trayecto de la ciclovía desde Tucumán N° 1400 al 1600. Los trabajos de remoción de la ciclovía se realizaron sin ningún cartel de obra que indique la normativa (resolución o disposición) que dispuso el desmantelamiento y la remoción de la ciclovía de la calle Tucumán”.
Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, manifestó que “hay que dar un paso más y revisar la razonabilidad” de las ciclovías. En su momento, el jefe de Gobierno había apuntado sobre unas 30, entre las que se encontraban la bicisenda de la Avenida Córdoba, Libertador y de la calle Roseti que, según la propia administración macrista, señaló que obstruían el tránsito.
La asociación civil pondera la utilidad de esta ciclovía ya que conecta varias comunas y barrios y es una de las más utilizadas por los ciclistas: “Esta ciclovía es clave porque conecta el microcentro con los barrios de Once y Abasto. Esta ciclovía, que discurre paralela a Corrientes y Córdoba, resulta fundamental para ciclistas que necesitan una alternativa segura en una zona de alta circulación”, detallaron desde el ODC.
Violación del derecho a la movilidad
“La red de ciclovías y bicisendas debe ampliarse y no reducirse”, destacan desde el observatorio que conduce el abogado Jonatan Badiviezo. Desde lo jurídico, el ODC denuncia que destruir esta ciclovía es ilegal porque viola uno de los derechos fundamentales del sistema de transporte público.
“Estamos ante una violación del Derecho a la Movilidad de la población. Entre los propósitos más destacados del Sistema de Transporte Público de Bicicleta se encuentran la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la optimización de la circulación y fluidez del tránsito, mediante la desincentivación del uso del automóvil particular en total concordancia con los lineamientos propuestos por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930”, agregaron desde el ODC.
Qué solicita la acción judicial
El documento legal presentado en las últimas horas, pide a la justicia porteña que le ordene al GCBA “la interrupción de la remoción de la ciclovía ubicada en la Calle Tucumán y disponga la reinstalación del sector de la ciclovía removida en esta calle en las mismas o mejores condiciones con las que contaba previamente”.
Además, solicita a la justicia que “declare la inconstitucionalidad y la nulidad de toda norma o acto administrativo que haya autorizado la remoción de la ciclovía ubicada en la calle Tucumán”, dado que “al no existir acto administrativo que haya dispuesto su remoción, que dicha decisión no se ha publicado en el Boletín Oficial y no ha sido dispuesto por la autoridad constitucional competente que es la Legislatura de la Ciudad”.
Fuente Tiempo Argentino
