La banda estaba integrada por dos inspectores de Tránsito de Posadas y otras personas. Se dedicaba a vender oficios judiciales para poder retirar vehículos retenidos por infracción a la Ley de Tránsito o
por el decreto de aislamiento preventivo, social y obligatorio por el coronavirus. Hay detenidos, aunque la investigación crece y pueden caer más.
La historia se disparó el jueves de la semana pasada cuando un soldado voluntario se presentó ante la Dirección de Monitoreo Vial de la Policía de Misiones para recuperar la licencia de conducir retenida en un control. Para ese entonces ya había rescatado del corralón municipal la moto que le habían secuestrado por violar la cuarentena.
El joven exhibió un oficio del Tribunal de Faltas 3 de Posadas que disponía la restitución del vehículo y el carnet de conductor. Sin embargo, uno de los policías dudó de la autenticidad del documento, retuvo al soldado y se contactó con el Juzgado para chequear que todo estuviera en regla.
Cuando la maniobra quedó al descubierto, el muchacho confesó que había comprado el oficio a un conocido para evitar hacer frente a la multa, que era de 20.000 pesos sólo por violar el aislamiento. El soldado no pudo aportar la identidad de esa persona, pero sí las características físicas, lo cual le permitió a la Policía conocer su nombre, ya que estuvo involucrado en varios negocios turbios.
La Dirección de Investigaciones y el juez de Instrucción Marcelo Cardozo allanaron la casa del sospechoso y lo detuvieron junto a su pareja. El hombre resultó ser un intermediario y aseguró que fueron dos gitanos los que le entregaron el oficio.
Los agentes detuvieron a los supuestos responsables de la maniobra, pero éstos buscaron desligarse de todo y revelaron que dos inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Posadas se encargaban de confeccionar los oficios.
En las últimas horas, los investigadores allanaron las viviendas de los agentes municipales y secuestraron no sólo una computadora con oficios y sellos judiciales escaneados, sino también decenas de actas de infracción al tránsito que nunca fueron elevadas a los tribunales correspondientes.
Las maniobras para retirar vehículos del corralón municipal sin abonar las multas correspondientes habrían comenzado en enero. “Tenemos probado que confeccionaron al menos unos 30 oficios. Primero para recuperar motos y autos secuestrados por infracción a la Ley de Tránsito, pero después ampliaron el negocio y usaban esos oficios para sacar vehículos que hace mucho tiempo estaban retenidos”, contaron fuentes vinculadas a la causa.
La banda cobraba entre 20.000 y 50.000 pesos por cada oficio. “Dependía del monto de la multa. Los valores más elevados corresponden al retiro de autos ajenos que luego algunos gitanos se encargaban de vender o desguazar para venderlos como autopartes”, explicaron.
Hasta el momento son ocho las personas vinculadas a la investigación. Y está previsto que en los próximos días comiencen a desfilar por el Juzgado las personas que retiraron sus vehículos con esos oficios falsos. Algunos podrían pasar de testigos a imputados.
Misiones. Corresponsal.
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