Los comerciantes le dan la bienvenido al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplia los alcances de la ley de Abastecimiento. “Los distribuidores y mayoristas nos venden a
los comerciantes al mismo valor que se supone que son ‘máximos’ y es bueno que eso se sepa”, dijo Gerardo Díaz Beltran, presidente de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), que representa a comerciantes.
“Los precios máximos que se conocen pueden servir para las cadenas de supermercados, minimercados y autoservicios, que tienen cierta capacidad de compra”, argumentó Díaz Beltrán. “Pero los comercios chicos, de barrio, o del interior, no accedemos a esos importes. Los mayoristas y distribuidores nos venden a lo que se supone que es el ‘máximo’. A eso tenemos que agregarle un margen razonable“, explica. “Lo que para algunos es ‘precio máximo’ para nosotros es el precio de compra”, agregó.
El decreto del Poder Ejecutivo facultará a las provincias e intendentes para la aplicación de la ley de Abastecimiento. Esa norma -hoy utilizada por la AFIP y la Secretaría de Comercio- habilita a labrar actas de infracciones si un comercio despacha productos a importes que superen los máximos. También se puede llegar a la clausura si el comercio no modifica los precios que estarían por encima de lo permitido.
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En las últimas semanas, AFIP y Comercio Interior detectaron “subas” en sucursales de supermercados y pidieron que sean enmendadas. Si eso sucede con los almacenes, no habrá riesgos de clausura.
“Los intendentes conocen las realidades de cada pueblo, de cada comunidad. Ellos saben donde compramos los comercios de barrio, o de proximidad, que nos hacemos de stock día a día, según las ventas. Ojalá sirvan para avisar que no tenemos acceso a los importes de las grandes superficies”, puntualizó Díaz Beltrán.
El presidente Alberto Fernández hizo referencia a Arcor, como una empresa de consumo masivo que no realizaba aumentos. “No le compramos directamente a Arcor o Molinos. Es a través de distribuidores o mayoristas”, razonaron en CAME. “Si pretenden que un comercio de proximidad venda al mismo importe que Carrefour o Coto, vamos mal”, aseguraron.
Salvo algunos marcas de lácteos, panificados, cervezas, gaseosas y aguas que poseen sus propios sistemas de distribución, la mayoría de los productos de consumo masivo llegan a los comercios de proximidad a través de intermediarios. “Si quieren encontrar una solución, allí van a detectar el problema”, recalcó Díaz Beltrán.
En el Gobierno nacional prometen que aplicarán sanciones si los aumentos por arriba de los máximos llegan por acciones de distribuidores y/o mayoristas. Según un decreto, los precios deben retrotraerse a los importes que tenían al 5 de marzo.
“Piolas hay en todas partes. Hay comercios que quieren cobrar un adicional por el uso de tarjeta de débito y/o crédito y eso no corresponde”, admitió Díaz Beltrán.
Dos comerciantes del conurbano consultados por Clarín manifestaron dudas sobre la capacidad municipal para ejercer estos controles. “Dudo que los inspectores se vayan a estudiar la ley de Abastecimiento o adentrarse en barrios que no conocen para ver si se aplican los ‘precios máximos'”, contaron, pidiendo que no se los mencione. “Las ventas están por el piso, si se ponen exigentes agravarían los problemas”, agregan.
En el Gobierno subsiste la preocupación por los importes de frutas y verduras. Una iniciativa del Mercado Central fue utilizada para establecer una referencia de precios en algunos productos, pero la mayoría sigue con aumentos.
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