La alianza sellada entre el PRO y LLA para las próximas elecciones no deja margen para más especulaciones. Si bien, desde un primer momento, muchos advertían que ambos espacios políticos apuntan a una misma idea de país, la gran mayoría marcaba distancia de esa premisa.
Pero pese a la clara coalición política, algunos todavía son reticentes a creer en esa posibilidad, e ignoran también que ambos espacios utilizan el Estado para beneficio propio, recortando presupuesto en áreas sensibles. Uno de esos sectores son las personas con discapacidad.
En junio pasado, Tiempo publicó un informe donde advertía sobre el ataque a las personas con discpacidad por parte de ambos espacios políticos. La nota titulada “cómo el gobierno porteño debilita las políticas para las personas con discapacidad”, evidenciaba la falta de accesibilidad, la restricción a la educación y el incumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos, que sufre este sector de la población.
Ahora un nuevo informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre la falta de programas presupuestarios en este sentido. Rampas mal construidas, falta de señalización y dificultad para acercarse a monumentos históricos, entre otras cuestiones.
La Ley 962 de la Ciudad incorporó al Código de Edificación la “Accesibilidad Física para Todos”, en línea con normas nacionales previstas en la Ley 22.431. Ambas garantizan el acceso a edificios públicos, plazas, parques y vías peatonales. Y ordenan que estén diseñados o adaptados para que cualquier persona pueda transitar en condiciones de seguridad, autonomía y dignidad.
Éste informe de la auditoría reveló falencias en la implementación de políticas de accesibilidad física en galerías históricas y en plazas, parques y espacios peatonales de la Ciudad durante 2023. Y dejó en claro que “desde la fecha de puesta en vigencia de la Ley 962 hasta el período auditado, la autoridad de aplicación no dictó normas respecto a la atención de la accesibilidad física para todos en los edificios existentes de los museos exceptuados”.
La auditoría advierte que CABA no cuenta con programas presupuestarios vigentes específicos, destinados a la accesibilidad física en los museos, y que los gastos se canalizan a través de programas generales como “Administración de Patrimonio, Museos y Casco Histórico” o “Comunicación de la Cultura en Museos”. En el mismo sentido, el relevamiento denuncia la inexistencia de acuerdos o convenios entre Nación y Ciudad.
Espacios verdes inaccesibles
La Auditoría relevó la accesibilidad en al menos ocho plazas ubicadas en distintos puntos de la Ciudad. El resultado mostró que 44 de las 45 rampas relevadas no cumplían con la normativa vigente, ya sea por dimensiones inadecuadas, desplazamientos respecto de las sendas peatonales o falta de señalización y continuidad en el recorrido. La restante se encontraba en reparación.
Entre otras falencias, la auditoría detectó varios obstáculos físicos que interrumpen la accesibilidad y generan entornos inseguros para personas con movilidad reducida. En Plaza Congreso, por ejemplo, el informe puso el foco sobre “un vado desplazado de la senda peatonal por existencia de un semáforo”, falta de señalización vertical para el aviso de cruce peatonal y rampas opuestas sin alineación.
Falta de acceso a monumentos
El documento de la auditoría es concreto: “No tiene construidos senderos secundarios que permitan acceder o acercarse al Monumento a Balbín”, explica el informe.
En ese sentido, el organismo de control puso el foco sobre un problema estructural: la dispersión de responsabilidades dentro del Gobierno porteño, dado que, para la elaboración del informe la auditoría debió consultar a distintas Direcciones y Subsecretarías para determinar cuál era el área competente en cada espacio.
Después de realizar varias consultas, concluyeron que los espacios verdes incluidos se encuentran bajo el ala de la Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano pero, según el informe, esta dirección “no posee ningún programa presupuestario específico en relación a la accesibilidad física para todos en espacios públicos, plazas y parques de la Ciudad”.
Que dice la Ley vigente
La Ley 962, sancionada en 2003 en la Ciudad de Buenos Aires, incorporó al Código de Edificación los principios de “Accesibilidad Física para Todos”, en línea con normas nacionales previas como la Ley 22.431. Su objetivo es garantizar que edificios públicos, plazas, parques y vías peatonales estén diseñados o adaptados para que cualquier persona, incluyendo aquella que tiene alguna discapacidad, pueda desplazarse en condiciones de seguridad, autonomía y dignidad.
La norma excluye a los museos protegidos por la Ley Nacional 12.665 (que establece la creación de la Comisión Nacional de Museos y la protección de monumentos históricos), debido a su valor patrimonial y antigüedad edilicia. Esto significa que estos edificios no están obligados a cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Ley 962. En esa línea, El Auditor.info ya había dado cuenta de dificultades de acceso a determinados museos.
Aunque la Ley 962 excluye a los museos protegidos por la 12.665, el informe de la auditoría advierte que esa excepción no exime a la Ciudad de garantizar la accesibilidad en dichos edificios, ni de generar un marco normativo específico que la regule.
Fuente Tiempo Argentino
