Las medidas restrictivas y los confinamientos para evitar la propagación del coronavirus metieron al continente europeo en su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Esa crisis provocó, como en
casi todo el planeta confinado, un parate económico que puso contra las cuerdas a cientos de miles de empresas, desde las pequeñas pymes hasta gigantes multinacionales.
Los gobiernos europeos lanzaron desde finales de marzo los primeros planes de ayudas. Incluyen inyecciones directas de capital, préstamos muy baratos o simplemente avales para que las empresas puedan obtener sus propios créditos con la garantía de que en caso de default tendrán detrás el apoyo del Estado. Ante la situación, la Comisión Europea suspendió (en principio por este año) su normativa de ayudas de Estado, para permitir inyecciones de dinero público en empresas privadas que en aquel mundo pre-virus hubieran sido declaradas ilegales.
Los gobiernos europeos no están en general imponiendo exigencias a cambio de las ayudas y tampoco están entrando en el accionariado de las empresas a las que ayudan. Las excepciones son pocas pero sonadas. El gobierno francés obligó al grupo AirFrance-KLM a comprometerse a una importante reducción de emisiones contaminantes. Alemania ultima su entrada en el accionariado del grupo Lufthansa con una participación de entre el 20% y el 25%, que le costará 9.000 millones de euros pero le dará derecho de veto sobre las decisiones importantes de la empresa.
La Comisión Europea repitió el miércoles a los gobiernos que ahora es tiempo de gastar para sostener a las empresas y a sus trabajadores. Que gasten como si no hubiera mañana que ya en 2021 ó 2022 se empezará a mirar el control del déficit público. Los Tesoros nacionales están emitiendo masivamente deuda en los mercados financieros sin apenas notar subidas del riesgo país gracias al apoyo del Banco Central Europeo y su programa de compra de deudas.
El brazo ejecutivo de la UE estudia crear un fondo para entrar en el accionariado de empresas de países que no tengan el músculo financiero suficiente para respaldarlas. Según explicó a principios de mayo el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, Bruselas estaría entrar directamente en el accionariado de ciertas empresas cuando se consideren estratégicas y sus gobiernos no puedan hacerlo.
Dombrovskis reconoció en una entrevista al diario online ‘Politico’ que “será imposible cubrir a todas las empresas de la Unión Europea”, pero que una forma de hacer que no se resquebraje el mercado común sería a través de un nuevo ‘Instrumento de Apoyo a la Solvencia’, una herramienta que serviría para “restaurar el capital de empresas europeas desde finales de este año”.
En la práctica, se crearía un instrumento financiero en el seno del Banco Europeo de Inversiones que podría, con una partida inicial de 16.000 millones de euros, movilizar –con el milagro de los panes y los peces que ya se utilizó con éxito para financiar las inversiones del Plan Juncker- unos 200.000 millones de euros. Dombrovskis advierte que el fondo sería muy selectivo, “viendo qué empresas y de qué sectores necesitarían más una recapitalización”.
Pero que Bruselas empuje a gastar no significa que todos puedan hacerlo igual. Gran parte de las ayudas de Estado son alemanas. La potencia financiera de la economía germana hace que el 51% de las ayudas de Estado aprobadas por la Comisión Europea desde el inicio de la crisis hayan sido notificadas por Berlín. Francia asume el 17%, Italia el 15,5%, el Reino Unido el 4% (durante el período transitorio antes de su salida definitiva del bloque, en principio el próximo 31 de diciembre, debe cumplir la normativa europea), Bélgica el 3%, Polonia el 2,5%. El resto se lo reparten los demás Estados miembros.
Bruselas teme que las enormes diferencias de potencia financiera entre los gobiernos genere que empresas competitivas que tuvieron que cerrar las puertas nunca vuelvan a abrirlas porque sus gobiernos no tienen capacidad para ayudarlas mientras otras, menos competitivas pero que pueden sobrevivir a la crisis ayudadas por sus gobiernos, terminen por ocupar su sitio en el mercado común europeo.
La Comisión Europea estima que esas diferencias en cuanto a la capacidad de cada Estado miembro de ayudar a sus empresas suponen “una amenaza existencial” (en palabras del comisario de Economía y ex primer ministro italiano Paolo Gentiloni). El riesgo más grave que se ve ahora mismo desde las instituciones europeas no es que se dispare la deuda, sino que de la crisis se salga con mayores diferencias entre los Estados del bloque, un fenómeno que agravaría las tensiones que estallaron por primera vez cuando en 2010 se buscaba una respuesta a la última crisis.
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