Las remeras se venden en los mercados de Bolivia y el NOA argentino y son un clásico. “La hoja de coca no es droga”, se lee en ellas y se ofrecen
a los turistas con bastante éxito. Sin embargo el tema no es tan sencillo y tiene algunos aspectos absolutamente contradictorios.
Para empezar, en Argentina coquear (mascar coca) no es delito. Pero importar o tener hojas de coca, sí. Lo esquizofrénico del caso es que, como plantar coca tambien es ilegal en nuestro pais, el habito ancestral de los pueblos originarios sólo puede alimentarse de un mercado informal.
Fue este mercado informal con Bolivia el que quedó paralizado cuando la pandemia de Covid-19 cerró las fronteras. Eso motivó que a principios de mayo los gobernadores de Salta y Jujuy reclamaran formalmente que las comunidades aborígenes fueran abastecidas con las hojas de coca secuestradas en causas judiciales abiertas por contrabando.
Como en el Norte ya rige el sistema acusatorio, los que debieron decidir sobre el pedido de los gobernadores fueron los fiscales federales Federico Zurueta, de Jujuy, y Eduardo Villalba, de Salta. Y lo hicieron este viernes en un dictamen firmado también por el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
En la resolución de 21 páginas -a la que accedió Clarín– los fiscales ordenaron entregar a las comunidades indígenas de Salta y Jujuy cientos de hojas de coca secuestradas en la frontera del NOA en causas abiertas por contrabando. En números aproximados se trata de 864 kilos de hoja secuestrados en la Justicia federal de Jujuy y una cantidad similar secuestrada en Salta.
La entrega será gratuita y se hará bajo un estricto protocolo sanitario que ya fue aprobado por la Justicia. Algunos puntos de ese protocolo: “Se registrará el origen de la hoja de coca en una planilla de control y se lo identificará y verificara en un almacén central”, dice uno de los puntos. “Las hojas de coca se empaquetarán en bolsas de hasta 50 gramos elaborando un registro de los paquetes realizados”, agrega otro. “Se identificará a los destinatarios, a quienes se hará entrega de una bolsa por semana como máximo por beneficiario”, cierra.
En total la medida beneficiará a los pueblos indígenas kolla, guaraní, atacama, chicha, tilian, fiscara, quechua, ocloya, toba, ornaguaca y toara. Las comunidades aborígenes usan las hojas de coca desde el siglo XVIII, su valor histórico, cultural y espiritual para estos pueblos no es discutido y eso es precisamente lo que rescata el dictamen de los fiscales.
Dice claramente la resolución fiscal: “Este Ministerio Público considera que los pedidos efectuados por el Gobierno de la Provincia de Jujuy y Gobierno de la Provincia de Salta resultan atendibles pues de lo contrario el desabastecimiento de hojas de coca causado por el cierre de las fronteras dispuesto por el Decreto PEN 459/20 a raíz de la pandemia del COVID-19 traería aparejado una conculcación de prácticas ancestrales de los pueblos originarios que se ha extendido a toda la sociedad salteña y jujeña, como lo es la masticación de hojas de coca protegidas tanto por la Constitución Nacional, por la Constitución de Jujuy y el derecho internacional vigente”.
La decisión de los fiscales resolvió de momento un conflicto puntual. Pero en el mismo dictamen se reconoce un vacio legal, una situación extremadamente contradictoria: se puede coquear en un país que no permite ni plantar ni tener ni importar la coca.
En relación a esto Zurueta, Villalba e Iglesias apuntan a que “la situación debe ser abordada por una reglamentación que armonice las tensiones en juego”. Y hacen referencia a un proyecto de ley presentado por el senador provincial de Santa Martin Arjona para “establecer un marco regulatorio para la importación de la hoja de coca, el acopio, fraccionamiento y venta para consumo e investigación científica”.
GL
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