Impulsan una ley de insolvencia para que las familias con deudas puedan negociar planes de pagos

cuota de materiales del colegio de su hijo. Explican que abonaron más de 30 mil pesos, que ahí incluían ingresos a museos, reservas para campamentos y muchas otras actividades que el coronavirus​ se encargó de descartar. Es apenas uno de los tantos llamados que recibe a diario Acción del Consumidor (Adelco) en su línea de atención. Y que suma un eslabón en la cadena de endeudamiento familiar, en momentos en que ese dinero sería necesario para pagar gastos más urgentes.

Desde Adelco y junto a la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina y la Asociación Civil Cruzada Cívica impulsan un proyecto de ley de insolvencia familiar que busca implementar un plan para regular las deudas que acumulan los consumidores y sus familias.

“Hay un hueco que debe ser revisado. El Estado ha dado ayuda y paliativos que son muy buenos pero que no llegan a la clase media y media baja. Existen remedios, pero no hay una solución. Está muy bien que congelen el precio de los alquileres pero eso no quita la deuda; en algún momento ese dinero deberá ser pagado. Y notamos que nadie se ocupa de esa clase media que hoy no está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones”, describe a Clarín Claudia Collado, presidenta de Adelco e impulsora de la ley que buscan presentar en el Congreso de la Nación.

Los datos son contundentes. En abril el 80,8% de los hogares acumuló algún tipo de deuda y cada familia debe en promedio 150.000 pesos, según el estudio que realizó el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).

Las Asociaciones que impulsan la ley se topan con la nueva realidad cotidiana y dan cuenta de que una porción amplia de los consumidores argentinos quedaron a la deriva: por un lado no pueden aplicar para los planes sociales que otorga el Gobierno y por el otro, tampoco logran hacer frente a su economía diaria. Si antes de la pandemia ya tenían alguna deuda que creían poder costear, la crisis actual colapsó su panorama financiero.

Y es allí donde aparecen las cifras de la cotidianeidad. Casi el 90% de la población no puede pagar los seguros que ya tenía contratados y dejó de abonar cuotas de clubes, gimnasios y otras actividades recreativas. El 67% no puede pagar las expensas y más del 50% no puede hacer frente al alquiler de su vivienda. Además, arriba del 60% no está en condiciones de abonar las cuotas de los colegios de sus hijos. Una porción similar dejó de abonar su servicio de medicina prepaga. Y un dato que llamó la atención: cerca de un 40% de la clase media ha dejado de pagar las cuotas de mantenimiento en los cementerios.

“Esto no sólo afecta a la economía sino a la salud mental de la gente –amplía Collado-. Nos parece bárbaro que no te corten el servicio de luz o gas, pero eso no quiere decir que no tengas que pagar la deuda. Hay un agujero, un vacío legal, nadie está pensando en esa clase media y baja porque ese sector tiene para comer. Pero en su gran mayoría no son propietarios, muchos perdieron el trabajo o están precarizados. Hay jóvenes que habían logrado irse a vivir solos y ahora están volviendo a las casas de sus padres; gente que antes de esta crisis ya tenía una pequeña deuda, que compraba cosas en 12 cuotas y ahora quedó a la deriva”.

El proyecto apunta a encontrar un marco para que los “deudores de buena fe” puedan negociar un plan de pago sostenible que preserve sus necesidades mínimas de subsistencia. La ley parte del supuesto de que el consumidor quiere pagar sus deudas pero no puede hacerlo. Y que no dispone de un mecanismo como el concurso de acreedores o la declaración de quiebra como sí lo tienen un comercio o empresa.

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Por eso apuntan a consumidores con deudas por un hecho extremo: desempleo, una enfermedad grave, divorcio o separación, un hecho que está fuera del manejo del deudor (por ejemplo el coronavirus), fallecimiento de quien era el principal sostén de la familia.

“Mientras dure la cuarentena la salida es muy complicada. Los datos de actividad de la economía ya muestran una destrucción total de esta y contemplan apenas 10 días de cuarentena. No hay un indicador que no sea malo para lo que viene. Cada vez más gente se queda sin empleo y se produce una depresión a nivel ingreso. Las familias tienen que hacer malabares y todas las ayudas que se dieron resultan insuficientes, paliativas, no llegan a cubrir las necesidades de todos”, explica el especialista en planificación financiera personal y escritor Mariano Otálora.

Y agrega: “El futuro es incierto. ¿Cómo vas a reactivar la economía? ¿Cómo vas a estar en agosto? Son respuestas que nadie tiene. Hay una expectativa pesimista. Argentina ya de por sí tenía problemas complejos y la pandemia empeoró todo”.

Según detallan desde las Asociaciones que impulsan la ley de insolvencia familiar, la implementación contempla dos instancias. Primero se busca una solución administrativa, extrajudicial. La idea es, a través de un organismo dependiente del Estado, juntar al deudor con sus acreedores y buscar un acuerdo entre ellos con un plan de pagos que no debe exceder los cinco años de plazo.

Si no llegan a un acuerdo, el proceso pasaría a la Justicia que, al igual que hace con las empresas que entran en concurso de acreedores, decidiría de qué manera el deudor saldará su deuda.

La ley prevé también que haya programas de educación financiera para los consumidores, a los efectos de darles herramientas que traten de evitar el sobreendeudamiento.

“La idea de esta ley -cierra Collado- es recuperar la economía familiar y evitar cualquier situación de exclusión social. Queremos impulsar una cultura de inclusión, de acceso al crédito responsable, a través de la información y la educación financiera”.

NS