La Corte Suprema de Brasil ordena difundir un video que puede comprometer a Jair Bolsonaro

una investigación sobre supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal.

Según determinó el juez, que supervisa la investigación a cargo de la Fiscalía, el video que registró una reunión ministerial que se celebró el pasado 22 de abril deberá ser difundido en forma parcial, con una edición que sólo mostrará lo que tenga relación con el caso.

El video, que puede ser hecho público a partir de este momento, es de una reunión de Bolsonaro con su gabinete, fue grabado en la sede de la Presidencia y, según afirma el ex ministro de Justicia Sergio Moro, sería una de las pruebas de las supuestas “presiones” e “injerencias ilegales” del mandatario en la Policía Federal.

Moro renunció días después de esa reunión ministerial y atribuyó su decisión a esas “presiones” de Bolsonaro sobre un órgano policial autónomo, las cuales calificó de “injerencia política inaceptable”.

Las sospechas vertidas por Moro llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación, supervisada por el decano del Supremo, quien hace diez días determinó que la Presidencia debía entregar el video a la Justicia.

Las imágenes ya han sido analizadas y Celso de Mello decidió este viernes que sean hechas públicas, pero limitó el contenido que será difundido a lo relacionado estrictamente con la averiguación.

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Los teléfonos celulares

En el marco de esa investigación, el magistrado también pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos móviles del presidente y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.

“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis'”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.

La sugestión del magistrado provocó una dura reacción por parte del gobierno, que se pronunció mediante una nota difundida por el general de la reserva del Ejército Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional.

“El pedido de aprehensión del teléfono celular del Presidente es inconcebible” y, si así ocurriera, sería “una afronta a la autoridad máxima” y “una interferencia inadmisible”, que hasta “pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional”, afirmó el texto.

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Ese comunicado oficial fue rechazado por casi todos los partidos políticos y hubo quien lo llegó a considerar casi una “amenaza” a la democracia.

Uno de ellos fue el jefe del grupo del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon, quien calificó la reacción de Heleno como “una amenaza de golpe y un crimen contra la seguridad de la Nación”.

Fuente: EFE