“Estamos frente a una crisis terminal del sistema de discapacidad y el gobierno de la Ciudad no toma nota”, denunció Juan Manuel Valdés, Director General de Políticas vinculadas a poblaciones vulnerables del Consejo de la Magistratura porteño, en la edición de Tiempo del domingo pasado. “La ciudad se ha vuelto cada vez más intransitable, especialmente para personas mayores y para quienes usan silla de ruedas”, denunció, también en este diario, María Rodríguez Romero, Coordinadora de Políticas Públicas de la Fundación Rumbos. “Jorge Macri ataca a la educación especial y a las familias con discapacidad”, apuntó Federico Puy, secretario adjunto de ADEMYS.
El deterioro en el sector discapacidad se da en todo el país por el ajuste brutal que sostiene y profundiza a diario la gestión de Milei, pero éste deterioro se ve con mayor fuerza en el distrito porteño donde, según datos oficiales a enero de éste año, hay 148.360 personas con el Certificado Único de Discapacidad que viven en la Ciudad, pero la cifra puede ser muy superior dadas las nuevas restricciones impuesta para acceder a éste derecho.
Tras un informe publicado éste domingo en la edición impresa del diario, donde diferentes sectores de la comunidad de personas con discapacidad expusieron la crítica situación que padecen en el ámbito porteño, el gobierno improvisó (y/o adelantó) la presentación de un programa de acompañamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
La iniciativa, lanzada por la Subsecretaria de Discapacidad de CABA, tiene como objetivo fortalecer el trabajo de las organizaciones que promueven derechos, mejorar el alcance de sus proyectos y consolidar un modelo de gestión basado en la articulación entre el Gobierno y la comunidad.
El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Recoleta y estuvo “orientado a seguir construyendo políticas públicas con participación activa de los actores territoriales”, señalaron desde el Ejecutivo porteño.
Sin brindar demasiados detalles del programa, según el GCBA, busca “promover la autonomía y fortalecer la vida independiente de las personas con discapacidad.” En ese sentido “la propuesta busca brindar herramientas que permitan fortalecer sus capacidades institucionales y potenciar el impacto de sus iniciativas en la comunidad.”
Tiempo se puso en contacto con la Subsecretaria de Discapacidad que conduce Paola Jelonche para conocer las organizaciones civiles que fueron invitadas a la presentación pero, al momento de la publicación de éste artículo, no respondieron a nuestra consulta.
¿Alcanza con esta iniciativa?
Todo indica que el nuevo programa de acompañamiento fue realizado a las apuradas, que no fueron invitadas a participar todas las organizaciones y que, además, proyecta la implementación de algunas obras a futuro cuando la crisis que padece el sector es urgente.
“La falta de accesibilidad en los subtes es crítica: solo un tercio de las estaciones posee ascensores para viajar en ambos sentidos y, frecuentemente, estos no funcionan —al igual que las escaleras mecánicas— por falta de mantenimiento”, denunció a Tiempo Cecilia García Rizzo, Coordinadora General y de Comunicación de la Fundación Rumbos.
María Rodríguez Romero, Coordinadora de Políticas Públicas de Rumbos, es madre de una persona en situación de discapacidad que usa silla de ruedas y respecto a la comunicación sobre la quita de espacios de estacionamiento reservado en la vía pública (aquellos mal otorgados o vencidos), dijo: “Si bien el control es parte de una gestión eficiente, el discurso oficial resalta nuevamente la posibilidad de fraude, mientras las veredas y calles de la ciudad presentan un deterioro creciente”.
Rodríguez Romero señala que “la ciudad se ha vuelto cada vez más intransitable, especialmente para personas mayores y para quienes usan silla de ruedas o scooters. Se observan baldosas flojas, vados (rampas de esquina) rotos o mal construidos que no cumplen su propósito, y cruces peatonales donde no se garantiza la continuidad necesaria”.
El vaciamiento en la Educación Especial
Si bien toda la educación porteña atraviesa por un proceso de fuertes ajustes, la administración actual puso énfasis en la Educación Especial.
“Frente a intentos de ajuste que amenazan la formación permanente de jóvenes y adultxs con discapacidad en las escuelas de Educación Especial, es necesario ser claros: no se está recortando un gasto, se están debilitando derechos”, señalaron en un comunicado desde la Secretaria de Educación Especial de UTE que conduce Romina Butera. “Porque cuando se desfinancian estas escuelas, se pierde mucho más que un lugar de aprendizaje”, agrega.
En el mismo sentido Federico Puy de Ademys dijo en diálogo con Tiempo que “Jorge Macri ataca a la educación especial y a las familias con discapacidad, las reprime cuando salen a protestar. Nos encontramos con escuelas en mal estado, con falta de aulas. Cada vez tenemos más chicos para un trabajo de inclusión en todas las modalidades, con familias que sufren el ajuste de Milei y no tienen ni una obra social para solicitar un acompañante, que además cobran muy poco. Es un trabajo que lo hacemos con toda la pedagogía que podemos pero sin ningún tipo de recursos”.
Desde la Auditoría porteña hicieron un breve repaso de los ajustes en el sector: “a través de los informes N° 2.24.08 y N° 2.25.06, detectamos un problema estructural muy serio en la gestión de la Educación Especial de la Ciudad. Observamos un sistema que funciona con cargos insuficientes, docentes sobrecargados y una demanda creciente que el propio Ministerio de Educación no logra medir ni evaluar correctamente”, explicó a Tiempo Mariana Gagliardi, Presidenta de la Auditoría de la Ciudad.
“Existen cargos sin crear ni cubrir, escuelas donde el 100% del personal trabajaba fuera de su sede y estudiantes que terminaron el ciclo lectivo sin acceder a recursos de apoyo fundamentales. El Ministerio de Educación tampoco informó cuántos estudiantes solicitaron apoyo, cuántos efectivamente lo recibieron ni si la planta docente alcanza para cubrir esa demanda. Además, encontramos diferencias alarmantes entre los datos oficiales y el relevamiento realizado por la Auditoría”.
Fuente Tiempo Argentino
