Mientras el Poder Ejecutivo acelera en la búsqueda de apoyos para su proyecto de ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada con dictamen aprobado, que busca limitar la intervención del Estado y agilizar la recuperación de tierras ocupadas, hay otra iniciativa oficial que involucra el manejo de las tierras rurales sobre el que casi no se habla.
Todo esto forma parte de la avanzada del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que en este caso impulsa un anteproyecto de 100 artículos para derogar la histórica Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (13246/1948) y establecer un nuevo sistema de contratos para beneficiar a los propietarios de campos con aptitud agropecuaria en todo el territorio nacional.
La primera iniciativa sería en la práctica una virtual cesión de soberanía nacional, permitiendo que capitales extranjeros puedan comprar más extensiones de tierra que las hoy establecidas por la ley vigente, incluso en zonas de frontera o con cursos naturales de agua. Y en particular la inviolabilidad busca desplazar a las comunidades que llevan décadas asentadas y dependen de esas tierras rurales o suburbanas para su supervivencia.
Para la cuestión de los arrendamientos cambiaría la forma de negociar los contratos de alquiler para los miles de pequeños y medianos productores que al no ser propietarios dependen del arrendamiento de tierras de terceros. Si el gobierno logra derogar la ley actual que lleva vigente casi 80 años y prospera en el Parlamento la nueva, a partir de su sanción los alquileres se regirán por el Código Civil y Comercial, sin la tutela o mediación del sector público sobre los plazos, formas de pago y condiciones de la explotación.
Esto, en la práctica, significa que el Estado dejaría su función reguladora, como ya ocurrió con la ley de alquileres de viviendas, y también con la llamada reforma laboral, y los nuevos contratos de arrendamiento de tierras quedarían a la “libre” negociación entre las partes. El problema es qué poder puede tener para conseguir un precio razonable de acuerdo a sus recursos una familia campesina o un pequeño agricultor ante al dueño del terreno o, por competencia, frente a un pool de siembra.
La mayoría de los grandes, medianos y pequeños productores no son propietarios, arriendan una determinada extensión de tierras por varias campañas en función de las expectativas, pero como con cualquier materia prima la clave económica es la escala; el que más abarca es el que mejor precio consigue.
La nueva ley no sólo dejaría más indefensos a los trabajadores de la tierra de lo que hoy están, sino que elevaría sus ya altos costos de manera prohibitiva. Para un productor agrícola argentino en la campaña 2026/2027, el costo del arrendamiento absorbe entre el 35% y el 40% (o más del 50% según la zona y el cultivo) del ingreso bruto o de la producción esperada, sin contar contratiempos climáticos o de rinde.
El promedio ponderado del arrendamiento rural ronda los US$380 por hectárea, el nivel más alto de los últimos años para zonas productivas como Córdoba, lo que complica la ecuación financiera de los productores más chicos frente a los costos directos de siembra y la carga fiscal.
La mayoría de los productores pagan alquiler
Alrededor del 70% de la superficie total en cultivo de trigo, maíz y soja en la Argentina lo hacen personas físicas y jurídicas sobre tierras alquiladas, según datos de la Secretaría de Agricultura y el sistema de información agrícola de ARCA.
Al hacer foco en el nivel de cultivos y la estratificación de los productores, según rango de hectáreas gestionadas, se ve que la mayor parte de los actores que desarrollan la actividad agrícola son los pequeños agricultores o unidades familiares. El 67% de los productores de trigo produce en menos de 100 hectáreas, mientras que en soja y maíz esa escala se ubica en 54% y 60%, en cada caso.
En las golpeadas economías regionales, o los emprendimientos de menor escala de todo tipo de productos (hortícolas, frutícolas, apícolas, viñedos, yerbatales, olivares, legumbres), la situación es más crítica, ya que las unidades productivas son aún más pequeñas, se financian con la reinversión, ya que no cuentan con créditos bancarios ni estímulos de entidades públicas, y tienen que conseguir las tierras cerca de su zona de arraigo.
El texto con más de 100 artículos que elaboró Sturzenegger y su equipo atraviesa las últimas revisiones en la Casa Rosada antes de su ingreso formal al Congreso para ser debatido por los legisladores. Como recurso amplio y valioso pero finito, el tema de la propiedad, acceso y uso de la tierra está en debate en la actualidad por varios frentes y con intereses contrapuestos.
La administración de ultraderecha lleva adelante desde su inicio una política de apertura hacia el agronegocio, la minería y la extracción de recursos naturales y una desregulación orientada a sacar del medio al Estado y dejar que el mercado negocie. Incluso está enajenando tierras fiscales y terrenos de instituciones públicas, que durante décadas fueron utilizados como zonas estratégicas y para actividades de investigación aplicada, como los de las Fuerzas Armadas y los del INTA.
Al mismo tiempo tiene en la mira a los pueblos originarios que ocupan dominios ancestrales muy buscados por capitales foráneos del ocio y el real estate, y a los asentamientos campesinos que trabajan en tierras rurales y suburbanas desde hace décadas. Hasta las vías navegables son negociables, como hicieron con la polémica reiterada licitación de la Hidrovía.
Del otro lado hay unas pocas voces políticas y algunas organizaciones sociales que plantean alternativas, como es el caso de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que impulsa proyectos de contención, comola Ley de Acceso a la Tierra y una mejora de la Ley de Arrendamientos Rurales, que buscan frenar la concentración de tierras, promover su acceso a los pequeños productores, impulsar la agroecología, proteger los derechos de los campesinos y garantizar alimentos sanos a precios justos para toda la población.
Fuente Tiempo Argentino
