El exintendente de Mburucuyá, Pablo Kelo Guastavino, y exfuncionarios fueron penalmente denunciados por supuestos graves delitos de corrupción de cuando administraron el Municipio de Mburucuyá hasta diciembre de 2025. La presentación, que también pide la prisión preventiva, afirma que la Comuna sufrió un perjuicio calculado en más de 152 millones de pesos, con la gravedad de la destrucción de pruebas que habrían confesado los propios exfuncionarios como el caso de las chequeras municipales.
Luego de analizar cada una de las evidencias, la actual gestión de Mburucuyá, encabezada por el intendente Edgar Galarza Florentín, y con el patrocinio del equipo legal, presentó la denuncia penal en la Justicia correntina.
Además de Kelo Guastavino, los denunciados son Francisco Javier Romero (exsecretario de Economía) y Hernán Ricardo Vallejos (exsecretario de Coordinación). En principio, los graves delitos denunciados son peculado, administración fraudulenta agravada, destrucción y ocultación de documentos públicos y malversación de fondos.
“La acumulación de pagos incausados, la falta de respaldo formal de las erogaciones, la opacidad en la transferencia de recursos, la falta de entrega de instrumentos bancarios y el faltante y deterioro del parque automotor configuran un perjuicio patrimonial directo para las arcas de la Municipalidad de Mburucuyá fijado en $152.280.000”, sostiene la presentación penal.
La denuncia expresa textualmente que, por hechos de la gestión de Kelo Guastavino, la Municipalidad está en “calidad de víctima y damnificada directa por las maniobras delictivas cometidas contra sus arcas, patrimonio, transparencia y fe pública”.
Entre las múltiples irregularidades mencionadas, la denuncia especifica que hubo destrucción de pruebas cuando la gestión anterior, en medio de la transición, habría reconocido que no iba a entregar las chequeras por pagos librados a nombre del Municipio. “Al ser intimados formalmente a entregar el archivo antecedente de la totalidad de las cartulares libradas durante sus dos mandatos, declararon sin tapujos en boca de su abogado y ante el asentimiento de Guastavino que tales instrumentos no eran documentos públicos, por lo que no serían entregados y no habían sido conservados”, expone la denuncia.
En los hechos, la presentación que la Justicia tiene en sus manos señala: “Durante ocho años consecutivos, correspondientes a los mandatos de gobierno ejercidos entre los años 2017 y 2025 por el ex Intendente Municipal Pablo Ezequiel Guastavino, junto a sus Secretarios de Estado —Hernán Ricardo Vallejos y Francisco Javier Romero —, se estructuró y ejecutó un esquema sistemático de gestión pública conducido al margen absoluto de la legalidad. Esta administración estuvo signada por una irresponsabilidad funcional extrema y una constante opacidad intencional en el manejo de los asuntos e intereses patrimoniales de la comunidad de Mburucuyá”.
La denuncia, que tiene 25 páginas, solicita a la Justicia provincial que se investiguen los hechos y se dicte la prisión preventiva “fundada en la gravedad objetiva de los delitos imputados y el riesgo de entorpecimiento de la investigación judicial, justificada por la capacidad demostrada por los denunciados para destruir, ocultar o sustraer documentación pública indispensable”. Además, solicita la inhibición general de bienes “con carácter de urgencia” sobre la totalidad del patrimonio personal de los tres exfuncionarios denunciados.La denuncia penal fue presentada ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
