La inversión pública realizada para atender la salud, la economía y las necesidades sociales desde el inicio de la emergencia sanitaria ya alcanzó a 6 puntos porcentuales
del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa más de $ 1,71 billón.
Así surge de datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que relevó las medidas anunciadas para afrontar la crisis desde el 20 de marzo último, y contabilizó un mayor gasto de $752.374 millones, equivalente a 2,7% del PBI.
A eso se añaden las facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado, que sumaron $ 571.774 millones, que representa 2% del PBI.
La reducción de las alícuotas impositivas y de contribuciones significa un 0,3% del Producto Bruto, y la suma del resto de las medidas relevadas por Télam como el aumento de 6,12% de jubilaciones, pensiones y asignaciones, el otorgamiento de recursos a obras sociales y subsidios a empresas de transporte de larga distancia, y desembolsos de organismos internacionales, equivalen a 1 punto porcentual más.
Con lo cual, el monto total de los recursos asignados hasta el momento para atender los impactos del coronavirus alcanza a $ 1.710.616.000.000, y representa 5,3% del PBI.
Por un lado se destinaron $ 350.000 millones para créditos al sector privado, de los cuales $ 320.000 millones correspondieron a la línea implementada por el BCRA para capital de trabajo con una tasa anual de 24%; otros $ 25.000 millones de esos mismos préstamos los otorgó el Banco Nación; y otra línea incluyó $ 5.000 millones para financiar la adquisición de equipamiento tecnológico.
El otro gran canal de estímulo en el marco de la cuarentena es el de los créditos a tasa cero, por $ 220.774 millones, para monotributistas y autónomos; al que se sumaron otros $ 1.000 millones de financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a las micro, pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con otro informe del Ministerio de Economía, en abril el gasto primario totalizó $ 525.070 millones, resultando así 96,8% superior al registrado en abril de 2019.
A diferencia de los ingresos, donde la mayor parte de la caída resultó inducida, este impulso es el reflejo del paquete de medidas que el Gobierno adoptó frente a la emergencia económica y sanitaria.
De hecho, las transferencias corrientes y las prestaciones a la seguridad social explican la totalidad del incremento absoluto del gasto primario.
En cuanto a las primeras, que avanzaron 227% interanual, se destacan las transferencias al sector privado, que treparon 231%.
Este alza se corresponde al pago de gran parte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el pago del bono de $ 3.000 de haberes mínimos correspondientes a marzo, la continuidad del congelamiento tarifario, la entrega de tarjetas alimentarias en el marco del programa Alimentar, que significó $ 16.300 millones, y el refuerzo asignativo en materia de Apoyo al Empleo de casi $ 4.000 millones, entre otros.
Por su parte, el relevamiento de la OPC destacó el aumento de $ 100.000 millones para inversión en obra pública, también los $ 179.260 millones que insume el IFE de abril y mayo; y los $ 170.000 millones del Salario Complementario también de abril y mayo, uno de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Asimismo, subrayó la distribución de recursos del Estado Nacional a las provincias por un total de $ 120.000 millones, a través del Programa para la Emergencia Financiera Provincial y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), de acuerdo con las necesidades financieras de cada jurisdicción y por las condiciones estructurales con las que cada una puede hacer frente a la crisis.
Además se creó el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo por parte de las mipymes, con aportes de $ 56.000 millones.
Otro aporte importante por parte del Estado fue la reducción de las alícuotas de contribuciones patronales, impuesto al cheque, derechos de importación extrazona y devolución del IVA, que significaron $ 80.485 millones.
El aumento de 6,12% a partir de este mes para jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones previsionales a cargo de la Anses, significará erogaciones por $ 10.500 millones en el caso de jubilaciones y pensiones; y de $ 815 millones para los pagos de las asignaciones universales por hijo (AUH) y embarazo (AUE).
El Gobierno también resolvió otorgar casi $ 7.150 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.
Asimismo, repatrió fondos por unos $ 1.500 millones que tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional para destinarlos a la compra de 70.000 computadoras, para facilitar a los estudiantes el acceso a las tecnologías digitales.
Por último, otorgó un subsidio excepcional de $ 500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia, para suplir los ingresos caídos por la emergencia.
