Después de que el fiscal federal Carlos Stornelli dio curso a la investigación contra el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, por “desistir de las querellas ejercidas en las causas Los
Sauces y Hotesur”, la juez María Eugenia Capuchetti ordenó medidas para determinar “si existió o no la comisión de uno o más delitos de acción pública”. El caso llegó a Comodoro Py después de la denuncia formulada por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, señalando que el funcionario “había faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”, es decir a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
En su requerimiento, el fiscal Stornelli no formuló ninguna imputación directa, sino que señaló que la misma “surgirán, de corresponder, con el transcurso de la instrucción”.
Con la investigación abierta, la jueza Capuchetti ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que este lunes la magistrada libró una orden de presentación a la OA para que informe “todo lo actuado en lo relacionado, posibles anteproyectos o proyectos, dictámenes jurídicos, análisis técnicos, entre otros actos administrativos o documentos que pudieran referirse a las circunstancias denunciadas en punto al desistimiento de las querellas en cuestión”.
Por otro lado, se requirió al organismo que dirige Crous que informe sobre “toda actuación que pudiera relacionarse con eventuales desistimientos del rol de querellante decididos durante la actual conformación del Organismo en otros procesos distintos a los denunciados”. Se pidió que detalle en cuántas causas siguen como querellante y de cuáles desistió desde el cambio de gestión en diciembre.
En su denuncia, los representantes de la oposición señalaron que Crous habría “faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados. Con tal conducta, ha infringido el artículo 274 del Código Penal”, es decir el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para dilucidar si la OA “actuó de forma discrecional, buscando favorecer a algunos imputados”, Capuchetti también le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que remita las actuaciones administrativas por las cuales “se aceptó la renuncia” del organismo estatal. También se requirió a todos los jueces con causas en las que la OA es querellante que se remita documentación para conocer si se ha desistido de continuar con dicho rol.
La denuncia sostiene que “desvinculando a la OA del ejercicio de la acción penal y con ello de la posibilidad concreta de aportar argumentos y pruebas para el juicio, además de defender el interés del Estado Nacional desde la perspectiva de la víctima, el imputado Ministerio Público de la Nación ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada”.
La acusación fue firmada por los diputados nacionales Jorge Enriquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Alvaro de Lamadrid, y tiene la adhesión de sus pares Pablo Torello, Julio Sahad, Luis Mario Pastori, Gustavo Hein, Alberto Asseff, Lorena Matzen e Ingrid Jetter.
Para los diputados, la OA no debía retirarse de las querellas contra la ex presidenta, “pues por el cargo que ejerce y las atribuciones asignadas tiene el mandato de promover la persecución y represión de los autores de los delitos de corrupción“.
El primer argumento de Crous para retirarse de los casos contra Cristina fue que “las causas de referencia ya se encuentran elevados a juicio, transitando la etapa de instrucción suplementaria ordenada por el Tribunal Oral y a la espera del inicio del correspondiente debate oral y público”.
El segundo argumento asegura que gracias a la querella de la OA gestión anterior en estos juicios, el impulso de la acción penal se encuentra garantizado “por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.
En el tercer argumento, Crous afirma que a la OA le faltan empleados jerárquicos para trabajar en estos dos procesos y que debe utilizar los recursos humanos escasos de su organismo para querellar en expedientes que describe como “más complejos”, por lo que demandan una “particular experticia en delitos de corrupción pública”. El titular de la OA agrega después que esos casos, además, tienen “mayor actualidad”.
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