El juez Martín Irurzun abrió una investigación por estafa, administración fraudulenta y lavado de dinero contra el empresario Carlos Rosales, protesorero de San Lorenzo que firmó un acuerdo de
compra de Garbarino y se comprometió a pagar este mes parte del sueldo de los 4.225 empleados que trabajan en la mayor cadena de electrodomésticos del país.
La denuncia fue presentada a principios del mes pasado por el ex socio de Rosales, Alberto Castro, quien lo acusa de haberlo echado de la presidencia de Grupo Prof, luego de haberlo inducido a aportar $218 millones en campos y bienes inmuebles, de los que fue despojado cuando lo compensaron con certificados por US$ 6,6 millones, de los cuales ya vencieron US$ 1,33 millón y no cobró ninguno.
Además, el ex socio de Rosales sostiene que el nivel de gastos de Grupo Prof no se corresponde con los ingresos que tiene la compañía. Es que se trata de una cooperativa denominada Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada (PROFRU, rebautizada por Rosales en los últimos años como Grupo Prof), que atiende a los productores del Alta Valle de Río Negro, a la que Rosales le cambió el nombre en los últimos años, luego del aporte en bienes que hizo Castro, cuando además se agregaron nuevos segmentos de negocio, transformándose en Prof Grupo Asegurador, con dos unidades de negocio: Prof Seguros y Plus ART.
El ex socio de Rosales pide que se investigue de dónde salió el dinero para que la cooperativa de frutas compre nuevas y modernas oficinas de siete pisos y 2.500 metros cuadrados en pleno centro porteño (Juncal y Cerrito), abra cuatro nuevas sedes en Salta, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata; y sea el sponsor principal del equipo de fútbol de Colón de Santa Fe, así como de otros clubes y del equipo de voley femenino de San Lorenzo, donde Rosales es el protesorero del club. Además ahora pretende comprar la cadena de electrodomésticos Garbarino, a través de un grupo inversor donde también participa Grupo Prof, una cooperativa de frutas que hace tres años estaba en déficit, no podía tomar nuevas pólizas y sólo a Castro le adeuda US$ 6,6 millones, de los cuales US$ 1,33 millón son certificados que ya vencieron durante el último medio año sin que le paguen esa deuda.
Por eso, Irurzun revocó el jueves pasado -y se conoció este lunes- una Resolución del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en base al pedido del fiscal Franco Picardi había planteado que era un problema entre privados que debía investigar el fuero ordinario. El juez Irurzun resolvió que intervenga ahora el fuero federal, para que investigue a Rosales y Grupo Prof, porque las investigaciones donde puede haber lavado de dinero competen a la Justifica federal y no se pueden descartar sin una mínima investigación, planteó Irurzun.
En la denuncia Castro pidió que se investigue cómo hizo la cooperativa de fruta para pasar de tener déficit a tener “un crecimiento exponencial con superávit en 2018 considerando que el patrimonio del grupo se encontraba inhibido el año anterior (señalando además la supuesta adquisición de valiosas oficinas, la apertura de nuevas sedes y la oferta para adquirir medios de comunicación), así como indica que una supuesta captación irregular de nuevos asegurados habría sido efectuada para cubrir insolvencias”, según figura en la Resolución del juez Irurzun a la que accedió Clarín.
En la denuncia que realizó Castro, según relató en su resolución el fiscal Franco Picardi, figura que la estafa habría sido porque “Castro fue inducido a ingresar a la cooperativa de referencia (en 2017) con el cargo de presidente y mediante el aporte de bienes inmuebles -a modo de capital- por un valor de $218.370.000. Siendo que con posterioridad a ello, los integrantes del Consejo de Administración lograron desplazar al denunciante del control de aquella cooperativa y a raíz de ello, le entregaron títulos cooperativos de capitalización”, que todavía no fueron abonados. Y agrega “que asimismo Castro refirió que desde que fuese corrido del cargo de presidente de la cooperativa PROFRU, la misma tuvo un crecimiento no acorde con uno armonioso; situación esta que, a criterio del Sr. Agente Fiscal, permitiría inferir la existencia de ‘maniobras de captación de asegurados realizando un manejo irregular de la cooperativa, lo que afectaría no solo al denunciante sino también a aquellos miembros que la conforman’”.
Fuentes vinculadas a Rosales deslegitimaron ante Clarín la denuncia de Castro, señalando supuestos antecedentes del empresario Castro, quien es propietario de Farmalife y Supermax, las cadenas de farmacias y supermercados de la provincia de Corrientes. Además, señalaron que la primera denuncia la hizo Castro con la representación legal del abogado Santiago Blanco Bermúdez -luego delegó esa tarea en otro abogado-, quien patrocina al ex espía Jaime Stiuso en los juicios que le entabló el kirchnerismo. También señalaron que Irurzun “lo único que hizo fue rechazar un planteo de incompetencia y que no lo pase al fuero ordinario, que lo investigue el fuero federal”. Pero en esta instancia, las fuentes cercanas a Rosales prefirieron no ahondar en la denuncia específica sobre estafa, administración fraudulenta y lavado de dinero.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
