El Gobierno expropia Vicentín, una de las principales exportadoras y procesadoras de granos

país; que en febrero presentó su concurso de acreedores al registrar una deuda de US$ 1.300 millones. Se trata de una iniciativa que, según detalló el propio mandatario, fue presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora y una de las dirigentes de mayor confianza de la vice Cristina Kirchner.

“Vicentin es un grupo cerealero que tiene una crisis financiera, en la cual el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación. En función de esto, hemos dispuesto una serie de medidas, que tienen como misión rescatar a esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino”, explicó Fernández, al justificar la decisión de su Gobierno y el envío de un proyecto de ley al Congreso -será girado en las próximas horas- para avanzar con la expropiación.

La firma, fundada en Santa Fe hace 90 años por la familia Vicentín, “iba camino a la quiebra” según Fernández, quien consideró fundamental que “sus trabajadores tengan la tranquilidad de que van a poder continuar en sus trabajos”.

Además del proyecto, sobre el que sectores de la oposición ya pronunciaron discrepancias, el jefe de Estado adelantó que firmará un decreto de necesidad y urgencia, que designará como interventor estatal de la compañía a Gabriel Delgado, quien lo secundó en el anuncio. Se trata de un dirigente de larga trayectoria en temas del agro, que entre 2013 y 2015 fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; y que en el regreso del kirchnerismo al poder sonó con fuerza para ser ministro de Agricultura, cargo que finalmente quedó para Luis Basterra, ungido por el formoseño Gildo Insfrán.

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La expropiación de Vicentin: un rescate teñido de ideología

De este modo, apuntó Fernández; la idea es que “todos los activos del grupo Vicentín pasen a formar parte de un fondo fiduciario”, cuya gestión se le encomendará a la estatal YPF Agro.

Fernández estuvo flanqueado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la senadora Fernández Sagasti, quien aportó “la idea”. “Desde hace días venimos trabajando este tema con la senadora, mi amiga, y con Matías. Trabajaron entre ellos a partir de una idea primigenia de Anabel, la idea de la intervención y la expropiación del grupo“, agregó. 

Fernández Sagasti es una de las dirigentes de mayor confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. De ahí que no sorprende que su propuesta se haya impuesto por sobre la de otro grupo de funcionarios, dirigentes e intelectuales del Frente de Todos que mediante una carta hicieron una propuesta más austera: reclamaron que Vicentín se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Entre los firmantes de esa nota estuvieron la titular del Inadi, Victoria Donda; el embajador ante la Unesco, Pino Solanas; y Claudio Lozano, director del Banco Nación; quien ni bien asumió denunció irregularidades en el tratamiento crediticio que obtuvo Vicentín por parte del Banco Nación, su principal acreedor: le adeuda $18.182 millones.

Entre otras sospechas, se advierte que el grupo Vicentin fue el principal aportante de la última campaña presidencial de Mauricio Macri, a través de tres empresas, Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo, que volcaron cada una $ 4,5 millones a Juntos por el Cambio. 

La deuda declarada por la empresa el 10 de febrero de 2020, al convocar a los acreedores, fue de $ 99.345.263.086,50. No obstante, en el Gobierno rechazan el cuestionamiento opositor que gira en torno al peso que significa para el Estado absorberla. Según el informe técnico que consultó Alberto F. antes de avanzar con esta decisión, “de los últimos 14 años, sólo en el 2013 la firma exhibe una ligera retracción de sus ventas”. Y se resalta que tiene “una capacidad de 29.500 toneladas diarias, incluyendo su participación en Renova, con ventas del orden de los US$ 3 mil millones durante los últimos tres ejercicios”.

En ese mismo documento interno del Gobierno, se advierte no sólo por las más de 1.200 fuentes de trabajo directas en juego, sino que se alerta sobre el riesgo de que la firma sea absorbida por otros privados por el impacto en otros aspectos de la economía ya que “se verificará una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.

Por eso, concluye: “Teniendo en cuenta que frente a un escenario de quiebra de la empresa o de dilación de los procesos judiciales, habría grandes posibilidades de que pase a manos de sus competidores y, consecuentemente, el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas (…), es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada”.

En los últimos días, José Luis Manzano y otros empresarios y fondos de inversión privados se habrían interesado en la compañía.