Extraño anuncio presidencial el del lunes por la tarde: Alberto Fernández informó que su Gobierno pondría un interventor en uno de los mayores holdings de la agroindustria, Vicentín,
para luego enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar esa empresa.
El plan general sobre Vicentín tiene un autor o, como mínimo, un primer difusor del plan estatal para el futuro de esa súper agroexportadora, a pesar de que en la Casa Rosada se evitó nombrarlo. Es Amado Boudou. El domingo, poco antes del anuncio, el ex funcionario publicó una columna en el sitio K eldestapeweb.com, titulada “Algunas ideas para Vicentín”.
Aunque en un primer momento el artículo asegura que se conoció días atrás un proyecto público para estatizar Vicentín, lo cierto es que, si eso ocurrió, fue bajo silencio gubernamental, porque el anunció de Fernández sorprendió a los mercados y al propio funcionariado.
Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, quien lo encontró culpable de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de compra fraudulenta de la fábrica de hacer dinero llamada Ciccone Calcográfica.
Los magistrados determinaron, en agosto del 2018, que Boudou debía ser detenido de forma inmediata. Fue a la cárcel.
Salió. Volvió. Gracias un polémico fallo del juez Daniel Obligado, el ex vice está hoy arrestado en su casa a la espera del dictado de una condena definitiva, algo que para muchos juristas en rigor ya ocurrió.
Ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES, Boudou fue inhabilitado de forma perpetua para volver a ocupar cargos públicos.
No lo hace. Solo asesora a sus amigos del poder.
Boudou escribió el domingo en eldestapeweb: “Hace algunos días conocimos una propuesta pública para solucionar la depredación llevada adelante por la empresa Vicentin en “equipo” con el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. A trazo grueso la idea propuesta es convertir lo que queda de Vicentin en una empresa pública, es decir que en algún sentido la estructura pase a ser “de todos los argentinos” a cambio de la deuda que la empresa tiene con el Banco Nación (es decir con todos los argentinos). No menor es la situación de lxs 4.000 trabajadorxs cuyas actividades es indispensable preservar”.
Y siguió: “Que algún actor privado se quedara con la firma, dadas las acreencias del BNA sería una “privatización encubierta” en la cual solo se perjudicaría al conjunto de lxs argentinxs”.
Boudou tenía demasiados detalles o planeó él mismo el plan Vicentín: “En definitiva que el Estado pueda tener una empresa como Vicentin en una actividad tan importante para lxs 40 millones de argentinxs es similar a la propia existencia del Banco Nación. Ningún “competidor” privado tiene argumentos para que no exista mayor competencia en el sector. La deuda de Vicentín con el Banco Nación está documentada. Nadie como el Estado puede asumir compromisos creíbles y cumplibles con los restantes acreedores actuales de Vicentin. Desde el punto de vista técnico contamos con el INTA, una organización de gran prestigio, que viene acumulando conocimiento y formando cuadros de altísimo saber para nutrir la nueva empresa pública”.
Casi todos esos conceptos fueron repetidos por el Presidente en su anuncio, en el que se “invisibilizó” el aporte que Boudou hizo sobre este nuevo tema de debate nacional que impactará en la economía nacional con consecuencias aún desconocidas.
¿Conocía Boudou de antemano del plan “secreto” del Presidente para Vicentín y rompió el cerco informativo en su columna dominical?
El lunes, en el sitio eldestapeweb.com se celebraba la primicia del ex vice: “El anticipo de Boudou sobre Vicentín: ‘Pasa a ser de todos los argentinos‘”.
El Presidente presentó ante la sociedad esta nueva acción política junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora ultracristinista Anabel Fernández Sagasti, a quien identificó como la autora del proyecto que deberá aprobarse en el Congreso.
Si el Poder Ejecutivo logra estatizar Vicentín con los votos en Diputados y el Senado, la empresa seguiría entonces el destino de la ex Ciccone Calcográfica, que en agosto del 2012, bajo control de la sociedad The Old Fund, fue expropiada por el Gobierno a pesar de que tenía dueños desconocidos, imprimía dinero para el Estado y era a su vez investigada por lavado de divisas.
El imputado en la causa Ciccone, Boudou, presidió el debate por la estatización de esa empresa en una sesión memorable en la Cámara alta.
Jamás en la historia argentina el Estado había expropiado una compañía de esa magnitud sin que sus dueños reclamaran el derecho constitucional a recibir una indemnización.
La Justicia determinó, seis años después, que Boudou se había estatizado a sí mismo.
Con votos de legisladores K y de la entonces oposición.
El caso de Vicentín es distinto.
Los ideólogos de esas tramas son los mismos: la familia Kirchner.
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