Bancos internacionales y otros organismos de crédito, que en conjunto son los principales acreedores de Vicentin, ya buscan negociar con el Gobierno. Pretenden cobrar 500 milones de dólares y para lograr
ese objetivo ponen sobre la mesa la que que consideran su principal fortaleza: dicen que si llegan a un buen acuerdo podrán seguir financiando al agro argentino. Todo en medio de la negociación de la deuda, donde la confianza, y las expectativas, juegan una papel crucial en estos días.
El grupo de bancos que manifestó esta voluntad negociadora está integrado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. Se agruparon en diciembre de 2019, pocos días después de que Vicentín se declaró en cesación de pagos, y ahora pretenden ubicarse en el lugar de principal acreedor ante el Estado argentino.
No son las únicas entidades internacionales que le prestaron dinero a Vicentín. De hecho, fuentes de la empresa intervenida reconocieron que su deuda externa ascendía en diciembre a US$ 650 millones. Aunque hay algunas variaciones en función del tipo de cambio de cada momento, de todos modos, está claro que este grupo de seis bancos, que se identifican como el “Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales”, representa el 40% de la deuda total de Vicentin, estimada en su momento en US$ 1.300 millones.
Aunque al hablar de la deuda de Vicentín se pone foco en los 350 millones de dólares que la empresa fallida contrajo con el Banco Nación, las acreencias internacionales son notablemente superiores. Incluso cuando se comparan con la deuda de la cerealera con otros bancos públicos de nuestro país. Al Banco de la Provincia de Buenos Aires le deben otros US$ 26 millones, al Ciudad de Buenos Aires y al BICE, US$ 5 millones a cada uno. Y también hay otras entidades privadas.
El resto de la deuda, por unos US$ 350 millones, es con clientes comerciales, unos 1.800 productores y acopiadores, a los que se les dió prioridad desde que Vicentín buscó armar una estrategia para salir de la crisis, un mes después de la cesación de pagos. En los últimos meses habían logrado algunas adhesiones preliminares en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que se tramitaba.
Propuesta con tono de advertencia
El comité de acreedores internacionales expresó su “firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularizacion de la deuda de Vicentin, lo que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”.
Y como principal carta de negociación, plantean las relaciones a futuro en cierto tono de advertencia. “El pago de la deuda permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país”. Una explícita manera de plantearse como socio estratégico en la busqueda de divisas que tanto desvela al Gobierno.
En ese marco, el Comité que busca negociar en conjunto la recuperación de los préstamos otorgados a Vicentin muestra sus credenciales. Recalcaron que han “financiado y apoyado el crecimiento del sector de agronegocios en Argentina durante más de 20 años“.
Con todo, en la búsqueda de tender puentes con el Gobierno, finalmente se declaran “optimistas en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin”, permitirá nuevas financiaciones.
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