Vicentin: fuerte rechazo de las cámaras de los cultivos a la intervención del Estado

que genera incertidumbre sobre la seguridad jurídica y un avance sobre el sector agroalimentario.

“Los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medida elegida. Los datos productivos de nuestro país hablan por sí solos. La Argentina tiene cadenas agroindustriales eficientes y que funcionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a las exigencias de los consumidores”, destacan las entidades.

El comunicado está firmado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Arroz Argentino (ARG), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Cámara Algodonera Argentina (CAA), la Cámara de las Legumbres de la República Argentina (Clera), la Cámara Argentina de la Alfalfa (CAA), la Cámara Argentina del Maní (Cam) y el Comité Argentino de Arándanos (ABC, por sus siglas en inglés).

Los referentes de las cámaras recuerdan que con instituciones fuertes y una producción que ha pasado en menos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas el sector agroalimentario es uno de los más dinámicos y eficientes del país. “Eso se ha logrado gracias a un proceso de inversiones privadas, aún soportando una presión fiscal creciente y en algunos casos, con excesivos controles de distintos estamentos del Estado”, indican en el comunicado.

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Desde las cámaras advierten que la intervención estatal, que toma además un rol empresario, genera incertidumbre y preocupación e implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio.

“Las empresas públicas tienen prioridades diferentes a las empresas privadas y no están sujetas a la necesidad de renta -se explica en el comunicado-. En el pasado la mala experiencia de la Junta Nacional de Granos es una dolorosa prueba de ello. En el mundo, los estados han dejado de intervenir en el comercio de granos dado que es de alto riesgo comercial y financiero por lo que las empresas deben asumir esos riesgos sin generar costos a los estados”.

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El comunicado concluye señalando que en medio de una crisis económica nacional muy grave se considera que el Estado debería utilizar sus escasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicas que fomenten las inversiones privadas en este sector, medidas que tendrán un enorme y positivo impacto en toda la economía del país.