– Presidente, no nos dejaron ingresar. Tenemos que hacerlo por la fuerza.
– Pará, pará, quedate tranquilo, vuelvan al hotel, ya van a entrar.
Alberto Fernández atendió, el
martes por la tarde, un llamado desde Avellaneda: un abogado de la comitiva que viajó a tomar el control de Vicentin le detalló los problemas para ingresar y sugirió hacerlo por la fuerza con la polícía.
Veinticuatro horas antes, el Presidente había anunciado la intervención y expropiación de la cerealera. Avellaneda, en el norte santafesino, donde tiene su sede central Vicentin, ardía y se anudaban rechazos públicos a la medida.
Fernández llamó a Sergio Nardelli, el ex CEO de la cerealera que había buscado, vía el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, un mano a mano con el presidente. “Colaboren”, le dijo el Presidente en una charla fría en la que acordaron verse, y el empresario le comunicó que acatarían la intervención.
”No es una concesión, es lo que corresponde”, cerró la conversación Fernández.
En Olivos, al atardecer, tradujeron la decisión de no recurrir a la policía para ingresar a la planta como otro eslabón en una cadena de gestos para trasmitir que la expropiación de Vicentin es una excepción y, sobre todo, que el Gobierno la consideró un último recurso: una medida tomada por obligación, casi a desgano, y sin show político. “No soy amigo de las expropiaciones, pero no tenemos opción”, le dijo Fernández a Nardelli, tal como contó Clarín el viernes.
El martes, con el expediente Vicentin en alza, Fernández cenó con el micro grupo de colaboradores y repitió, como una mantra, una frase: “Ojalá Vicentin funcionara bien y no tuviéramos que intervenir. Pero hicieron un desastre y no queda otra“.
Para reforzar esa idea, en el Gobierno comparan los modos del anuncio de Vicentin con el que encabezó Cristina Kirchner en 2012 para la expropiación del 91% de las acciones de YPF, y también contrastan lo que ocurrió en la planta santafesina con la manera en que se tomó, con Puerto Madero “casi militarizado”, el control de la petrolera.
En la sobremesa confesional del martes, Fernández dejó otra frase que grafica los matices dentro del planeta oficial, el Frente de Todos y cómo debe maniobrar para hablarle a varios públicos, propios y ajenos. “Hay sectores de nuestro espacio político que ven la expropiación como una medida épica, yo la tomo como un recurso para salvar una empresa y evitar un problema mayor”, apuntó.
Es la clave de por qué el Presidente invocó en el anuncio de la expropiación el concepto de soberanía alimentaria, léxico K, que despertó refutaciones estadísticas porque el 86% de las operaciones de Vicentin son exportaciones.
El problema mayor, según cree el Presidente, sería el derrumbe de la empresa con una crisis monumental para la provincia de Santa Fe, los 4.000 empleados de la firma y los 2.600 productores a los que Vicentin les debe. También para los bancos, entre ellos el Nación, principal acreedor.
Fernández le encargó a Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y a Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, que exploren variables técnicas y legales para garantizar que la empresa siga funcionando. Intervino, aunque recién apareció en escena el jueves, Luis Basterra, el ministro de Agricultura.
Fernández había escuchado un informe in voce de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que estudió el caso Vicentin -luego de que el Grupo entró en el negocio del vino, en Mendoza- y le dio detalles del impacto sobre el Banco Nación a partir de un estudio de Marcelo Costa, un síndico de la entidad.
Por eso, como un gesto político, Fernández sentó a Sagasti en el anuncio para reconocerle que trabajó en el caso Vicentin. “¿Ustedes pensaron que se iba a armar tanta especulación por la presencia de Anabel?”, le preguntó a sus colaboradores días después.
Las otras dudas de Fernández se terminaron de esfumar cuando escuchó a Nardelli, el jueves al atardecer, en Olivos. Con el empresario habían conversado poco, pero desde diciembre el ex CEO envió emisarios para pedirle que el Estado rescate a Vicentin.
La obsesión del empresario fue evitar la expropiación, gestionar un rescate, un salvataje o una compra, que Fernández -tras el análisis de su equipo- consideró inviable. Lo ratificó el último viernes.
En la charla surgieron otras novedades. Nardelli contó, por ejemplo, que la crisis de la empresa se precipitó tras el default selectivo, llamado “reperfilamiento”, de octubre del año pasado, cuando la gestión de Mauricio Macri reprogramó el pago de Letras.
A raíz de ese desajuste, se aceleraron los créditos del Nación y de otras entidades. Según informó Patricia Valli en Perfil, solo en noviembre pasado el Banco Nación otorgó 86,6 millones de dólares a Vicentin, casi a razón de un crédito por día.
Nardelli, en Olivos, relató infidencias.
– Y las otras empresas de la familia Nardelli ¿qué pueden aportar? -le preguntó Fernández.
– Algunas funcionan pero otras están vacías, las armábamos a pedido de los bancos para que nos puedan dar créditos- respondió.
Fernández autorizó, tras el encuentro, las charlas para definir los próximos pasos que tienen, hasta acá, una sola alternativa posible a ojos del Gobierno: la expropiación. Gabriel Delgado gestionará, como interventor, con parte de la gerencia de Vicentin y Kulfas llevará el estudio del tema en el gabinete.
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