a los US$ 11.000 millones, mientras aguardan el final de la negociación que el Gobierno nacional mantiene sobre sus bonos regidos bajo ley extranjera.
Son provincias que, durante 2020, iniciaron diálogos con sus acreedores o aprobaron proyectos en sus legislaturas para avanzar en la reestructuración de una parte de sus pasivos.
Otros dos distritos -Salta y La Rioja- anunciaron que iniciarán procesos similares tras demorar el pago de cupones de intereses de bonos en dólares que, finalmente, cancelaron durante el período de 30 días de gracia posterior al vencimiento original.
En total, y por ahora, son casi US$ 11.000 millones de deuda emitida por provincias en proceso de renegociación: Buenos Aires, con US$ 7.148 millones; Chubut, US$ 700 millones; Mendoza, US$ 590 millones; Rio Negro, US$ 300; y Córdoba, US$ 1.930 millones.
Al igual que ocurrió con el Gobierno nacional -que busca cerrar una reestructuración por casi US$ 67.000 millones- la devaluación y el derrumbe de recaudación por la recesión económica que profundizó el coronavirus afectó el pago de los compromisos.
Según un estudio de la consultora Elypsis, el stock de deudas provinciales equivalía a fines de 2019 al 8% de la deuda pública nacional (US$ 28.098 millones), pero casi el 90% está nominado en dólares por lo que, ante las sucesivas devaluaciones desde 2018, la deuda total escaló del 31% al 52% de los ingresos provinciales entre 2015 y 2019, y la carga de intereses del 1,5% a 5,1% del gasto primario en el mismo período.
“Todas las provincias que tienen deuda en el mercado internacional son susceptibles de una reestructuración”, dijo a Télam Cintia Defranceschi, directora de Finanzas Públicas de FIX, afiliada la calificadora Fitch Raitings.
A excepción de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los bonos sub-soberanos del país no enfrenta grandes desembolsos en 2020. Pero la dificultad de “rollovear” la deuda y el hecho de que el gobierno nacional haya iniciado una negociación fueron determinantes para que varias provincias iniciaran procesos similares.
“Córdoba, por ejemplo, tiene pocos compromisos de importancia en 2020 en relación a su economía. Pero en 2021 tiene que pagar vencimientos de capital por US$ 725 millones”, apuntó Defranceschi.
El distrito bonaerense fue el primero en explorar una reestructuración cuando a principios de año buscó, sin éxito, postergar el pago de un vencimiento por US$ 250 millones de uno de sus bonos.
Finalmente, el 23 de abril, propuso un canje de toda su deuda en ley extranjera -US$ 7.148 millones, casi el 70% de la deuda bruta provincial- por nuevos bonos que tuvieran un período de gracia de tres años, una disminución de intereses del 55% y una quita de capital del 7 %, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.
“Tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar”, aseguró días atrás el gobernador Axel Kicillof.
La siguió Córdoba que, el 3 de junio, recibió el aval legislativo para renegociar deudas por los US$ 1.930 millones colocados en cuatro bonos, tres de estos en dólares con una tasa de 7,12% anual, con los que espera avanzar una vez que finalice la reestructuración de su deuda el gobierno nacional.
El gobierno de Mendoza propuso la semana pasada refinanciar el bono Mendoza 2024, emitido en 2016 por US$ 500 millones a una tasa de interés de 8,375% y con tres amortizaciones en 2022, 2023 y 2024.
“La intención es que la provincia pague en función de sus capacidades”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas mendocino, Lisandro Nieri, tras detallar la propuesta: extensión de plazos hasta noviembre 2029 y reducción de cupón al 4%, con un plazo de gracia de intereses hasta noviembre de 2021 y tasa reducida hasta 2023.
También, anunció que buscarán cambiar las condiciones de pago del bono PMJ21, emitido en junio de 2017, por unos $ 5.200 millones con vencimiento en 2021, el cual junto con el PMY24 suman U$S 587 millones, el 48% de la deuda consolidada de la provincia (US$ 1.220 millones).
Río Negro activó esta semana el período de gracia de 30 días y prorrogó el plazo de pago por el vencimiento de un cupón de intereses de deuda por US$ 10,5 millones, a la espera de iniciar un diálogo con sus acreedores tras la autorización que le otorgó la Legislatura para llevar adelante una reestructuración de deuda.
Se trata de la sexta cuota de intereses semestrales perteneciente a un bono por US$ 300 millones con vencimiento en 2025 (el “Bono 2025”) que había sido suscrito en 2017 por el ahora senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, como parte del programa de obras públicas “Plan Castello”.
Por último, el gobierno de Chubut anunció el jueves último que pretende reestructurar el plan de pagos de dos bonos -el Bocade y Bopro, por US$ 700 millones- entre 2023 y 2038, en sintonía con la extensión del vencimiento de los contratos petroleros en la Cuenca del Golfo San Jorge.
“Estamos contratando una entidad financiera para que nos acompañe en una propuesta, tiene contacto con algunos tenedores de bonos y estamos trabajando en hacer esa propuesta con los diferentes escenarios posibles”, aseguró el ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Oscar Antonena.
