El Ministerio de Justicia de la provincia resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo,
informaron fuentes oficiales.
“La función del Servicio Penitenciario es alojar y garantizar la seguridad de la población carcelaria y realizar todas las tareas relacionadas con la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad”, dijo a Télam una fuente de la cartera que dirige el ministro Julio Alak.
La decisión fue adoptada en las últimas horas y “está en línea con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal” tras los últimos acontecimientos públicos sobre los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás.
“La función de inteligencia es muy importante y la tienen que llevar a cabo las agencias encargadas para no bastardear una función tan relevante. Justamente los servicios penitenciarios no son los encargados de realizar esto”, agregó a Télam la fuente oficial consultada.
Días atrás, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Además, la flamante interventora interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex camarista María Laura Garrigós de Rébori, explicó en una entrevista con Télam que se dedicará especialmente a analizar la actuación del servicio de inteligencia de su organismo, tras hacerse pública la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.
