Luego de que el Tribunal de Casación bonaerense dispusiera el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus”, el procurador de la Provincia, Julio
Conte Grand, quedó en el centro de la polémica al asegurar que “no hay certezas” de que los presos no se escapen.
Consultado sobre esta posibilidad en diálogo con Todo Noticias, el funcionario respondió: “Hay distintos mecanismos (de control). No hay certeza absoluta de que esto no suceda. Que escapen o no escapen es relativo. La preocupación mayor es cuál es el comportamiento de esas personas, y ahí hay distintos mecanismos”.
Según agregó Conte Grand, el fallo alcanzará a unos 800 presos de delitos menores, para los cuales habrá diferentes métodos de control. “En algunos casos se les va a colocar un brazalete magnético para su seguimiento. En otros se les designará una persona garante o se les pondrá una consigna policial. Y en otros casos hay una tarea de patronato deliberado a cargo del Ministerio de Justicia para hacer un seguimiento”.
En este sentido, el funcionario aclaró que dentro de los beneficiarios “no habrá violadores ni asesinos”. Y explicó: “Estamos hablando de delitos menores, contra la propiedad, robo de tentativa, estafas, delitos informáticos no vinculados con abusos sexuales, no violadores”.
El fallo es parte de un hábeas corpus colectivo, presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, pero que luego acompañaron sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este diario, se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención“. Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
En condiciones de superpoblación y ante el avance de la pandemia, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para el 90% de los reclusos por tiempo indefinido.
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