El Club de París, que agrupa a los acreedores gubernamentales, dejó entrever hoy que apoya el enfoque contractual de aplicar Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) mejoradas, para
emisiones de deuda de los países.
Se trata del enfoque que pretende utilizar la Argentina para la nueva operación de reestructuración de la deuda que se encuentra en plena negociación, mientras que los inversores piden la utilización de las CAC que aplicó el país en 2005.
Aquellas cláusulas fueron de “primera generación” y más favorables a los intereses de inversores, en términos de constitución de mayorías, en caso de un eventual incumplimiento en los pagos.
El director gerente y asesor general de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), Leland Goss, escribió en la memoria anual del Club de París, difundida hoy, un artículo acerca de la cuestión.
La nota se refiere a la utilización de “las nuevas cláusulas estándar de acción colectiva (CAC), una nueva cláusula pari passu junto con cláusulas de compromiso de acreedores actualizadas para su uso en nuevos contratos de bonos soberanos”, asumidas por los acreedores en 2014, según recordó Goss.
Remarcó en ese sentido que “este fue un gran esfuerzo grupal con el apoyo del sector privado, así como del G20 (Grupo de los Veinte), el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco de Francia, el Club de París, el Tesoro de los Estados Unidos y otras organizaciones oficiales del sector”.
Desde entonces, agregó el experto, “los gobiernos de todo el mundo han adoptado las nuevas cláusulas CAC y pari passu en aproximadamente el 90% de todas las nuevas emisiones de bonos soberanos, un logro significativo”.
Goss puntualizó que “los nuevos términos del contrato surgieron en respuesta a la acción de los acreedores holdout y su capacidad para frustrar y potencialmente derrotar la reestructuración de una deuda soberana exitosa”.
Agregó que la disputa actual entre la Argentina y los acreedores con mora en sus cobros, junto con la crisis de deuda de Grecia, “mostró el potencial de problemas de capital entre acreedores que podrían retrasar las reestructuraciones y tener implicaciones sistémicas para el sistema financiero global”.
Hay desincentivos para los inversores de un cambio en los términos que pueden afectar negativamente al mercado de los bonos del gobierno”
Leland Goss
Sin embargo, Goss advirtió que “las reformas de los contratos de bonos soberanos tienen algunas deficiencias claras”, en primer lugar porque “sólo pueden usarse desde el momento de su disponibilidad en nueva deuda: generalmente no es posible modificar retrospectivamente los términos de los bonos emitidos previamente”.
A medida que la deuda de un soberano se reemplaza por bonos con los nuevos términos, explicó, el riesgo de interrupción del holdout se reduce, pero ese riesgo continúa hasta que suficientes bonos nuevos con los nuevos términos reemplacen los bonos antiguos.
En segundo lugar, advirtió que “cambiar los términos de la deuda soberana (fuera de la zona del euro) casi siempre será voluntario. Si no hay incentivos suficientes para que un soberano se aparte del precedente no tiene necesidad de cambiar sus términos”.
Del mismo modo, del lado de los bonistas, opinó Goss, “hay desincentivos para los inversores de un cambio en los términos que pueden afectar negativamente al mercado de los bonos del gobierno”, si la presión de los inversores resultara excesiva.
El especialista alertó que “puede haber una línea muy delgada en el intento de optimizar los incentivos entre inversores y prestatarios, que es difícil de lograr“, y deslizó por último que la solución última depende de la voluntad de las partes, más que de reglas establecidas.
