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Con una dura respuesta judicial, Vicentin rechazó el “Plan Perotti” para intervenir en la cerealera

1 julio, 2020
in Politica
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En el marco del concurso preventivo de acreedores, el Grupo Vicentin rechazó lo que se conoce como el “Plan Perotti”, es decir el pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa

Fe para que los dueños de la compañía vuelvan a ser desplazados de la administración, después que el juez Fabián Lorenzini decidió reponerlos en sus puestos. Los sueños de la cerealera señalaron que el organismo provincial “carece de legitimación” para realizar tal pedido, y criticó el accionar del gobierno provincial como “temerario y calumnioso”. 

El 19 de junio, días después del decreto con el que Alberto Fernández intervino Vicentin, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini restituyó a los dueños de la empresa al frente de su administración, argumentando la necesidad de garantizar el giro comercial de la cerealera y que ello imponía que personas idóneas eviten cualquier deterioro en la poca actividad que mantiene la firma.

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Esta decisión trajo aparejada otra: redujo al rol de veedores controladores a los dos interventores que había designado el gobierno nacional, Gabriel Delgado y Luciano Zarich. 

A las pocas horas de conocida esa decisión, la IGPJ se presentó en el juzgado de Lorenzini para  pedir dos cosas: que declare nula su propia decisión y restituya a los interventores designados por el DNU de Alberto Fernández, y que se agregue a un representante de la provincia de Santa Fe a esa intervención, conformando así un órgano mixto para la conducción de la cerealera.

El juez separó esa solicitud en un incidente separado del proceso concursal, y le pidió a los dueños de la empresa que se pronuncien.

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En una dura respuesta, el Grupo Vicentin rechazó todos los argumentos esgrimidos por el órgano provincial, sostuvo que la IGPJ “carece de legitimaciónpara recurrir una resolución dictada sobre una cuestión en la que ha sido absolutamente ajena. Máxime cuando ella misma pidió una intervención distinta, de diferente naturaleza, alcance y objetivo y en base a también distintos fundamentos”.

A través de sus abogados, la firma indicó que es en el concurso de acreedores “donde la peticionante y la concursada deberán expresar todo lo que haga a sus derechos” y que la revocatoria “pretende ser sostenida con fundamentos solo aparentes, ambiguos e incluso falaces”.

Esta semana, el organismo santafesino había presentado documentación para sostener las diversas acusaciones que formuló contra Vicentin para justificar su intervención, y que incluyen desde una “falsa insolvencia financiera”, hasta poner en duda el patrimonio de los principales directivos y sostener que los dueños no son competentes para administrar la firma.

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En su respuesta, los empresarios remarcaron que “resulta temerario y calumnioso –sobre todo viniendo de un organismo estatal de contralor– invocar infundadas sospechas de conducta criminal, que carecen de prueba alguna, para pedir que se revoque la medida dispuesta por el juez o solicitar otra intervención con desplazamiento de los directores. Sobre todo cuando la IGPJ tiene por ley el deber de denunciar este tipo de conductas que “sospecha” y pretende valerse de eso cuando sin haber realizado denuncia alguna”.

Vicentin fue más allá, y remarcó que la IGPJ “carece de toda autoridad y conocimiento respaldado, para opinar siquiera sobre la idoneidad y capacidad de los directores para administrar la sociedad y gestionar su negocio. Máxime, cuando esa crítica se funda única y exclusivamente en la cesación de pagos que se intenta remediar a través del concurso preventivo y sin haber dedicado una sola línea o reflexión a las numerosas y serias causas del desequilibrio financiero que han sido extensamente desarrolladas al iniciar este concurso e integrar los recaudos para su apertura”.

En otro punto, Vicentin cargó contra el organismo provincial encargado de controlar a las empresas, al indicar que mientras “descalifica la idoneidad y capacidad de los directores para seguir en sus cargos, propone que sean reemplazados por sujetos designados a dedo, de los que se desconoce experiencia o antecedente alguno en la administración de empresas o la gestión de negocios”.

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