Después de 110 días de aislamiento obligatorio por la pandemia, se terminan las primeras construcciones de plateas de hormigón para el montaje de las 14 Unidades Sanitarias en penales bonaerenses. Estarán
destinadas a la atención de eventuales tratamientos de internos infectados con COVID 19.
Son módulos de 382 metros cuadrados con capacidad para alojar 24 plazas. Funcionarán, una vez terminadas, para la contingencia de propagación del virus intramuros. Son los centros de salud anunciados por el presidente Alberto Fernández, y el gobernador, Axel Kicillof, en momentos del mayor voltaje político por las críticas sobre las excarcelaciones masivas de presos.
El funcionamiento de estos módulos resultan aleatorios, específicos del tratamiento primario del coronavirus, de las 1.440 camas y sectores adaptados que tiene el Sistema Penitenciario provincial bajo protocolo de prevención y atención de pacientes sospechosos de haber contraído COVID 19. Es decir, no graves.
Hasta el momento, están registradas dos casos de contagios de internos. Ambos en el penal de Florencio Varela, en marzo. La infección resultó fuera de la unidad penitenciaria, en salidas habilitadas. Coincidió esa secuencia con una controversia sobre la decisión de la Casación bonaerense de habilitar libertades de presos en situación de riesgo epidemiológico. Involucraba a mayores de 65 años, con enfermedades preexistentes y embarazadas, entre otros. Todos procesados o condenados por delitos leves. La Suprema Corte provincial limitó esa posibilidad y la cuestión judicial no terminó con esa instancia. La Defensoría planteó un recurso en queja y ahora es la Corte nacional la encargada de dirimir el pleito.
Tal apremio en el origen del problema, precedido por motines y tomas de presidios, determinó que el ministerio de Infraestructura de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis, afectara recursos para las 14 Unidades Sanitarias dentro de los penales bonaerenses. La ejecución está a cargo del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak.
El montaje, una vez construidas las plateas de hormigón, que sirven de anclaje para los módulos premoldeados, consume, al menos, 30 días. Según la previsión de las autoridades del SPB, a fines de setiembre quedarían finalizadas. Las cárceles son Florencio Varela, Lomas de Zamora, Campana, San Martín, Ituzaingó, La Plata, Magdalena, Mar del Plata (Batán), Olavarría y General Alvear.
La capacidad es para 336 plazas asignadas a personas detenidas afectadas con coronavirus.
Habrán pasado hasta la construcción dos meses desde el anuncio de Fernández- Kicillof, el 26 de mayo, apenas apagada la discusión de las liberaciones. Entre las disquisiciones humanitarias, legales e incluso ideológicas, la pulsión del tema carcelario asomaba dramática, otra vez, desde el fondo del sistema y la realidad de un país atrasado en esa materia: en el Servicio Penitenciario Bonaerense hay plazas para 23.000 presos. Sin embargo, debe contener a 45.000. Hacinamiento por donde se lo mire. Persistente desde hace décadas y aumentado en este siglo por la precipitada caída social, tanto como la trepada delicuencial y las nuevas modalidades de la criminalidad.
Un dato: en los últimos 20 días habría aumentado la detención en comisarías. Después de un planchado del delito en la primera etapa de la cuarentena. Lo advirtieron esta semana el intendente Mario Ishii (José C Paz), y el ex jefe comunal Joaquín De la Torre (San Miguel). Fueron públicas las declaraciones. Otros, menos expuestos, admiten: “Volvieron a trabajar de chorros los que eran delincuentes”, explican. “Alguna Policía también ya está de nuevo en la suya”, acotan sin precisiones.
Algo es seguro: con esta infraestructura los presidios tienen poca o nula capacidad de recepción.
Como sea, el gobernador Kicillof intentará anticiparse, comprometen en la Provincia, con la inauguración en agosto de las primeras 440 plazas penitenciarias, sobre un total de 2.000 financiadas con recursos propios.
El plan de obras continuará con 288 nuevos cupos en septiembre y 622 en diciembre, que completarán las 1350 plazas. Las restantes 632, según el detalle, en febrero de 2021.
¿Cuánto del quiebre social y económico de esta larga cuarentena determinará conductas del delito en la Provincia? Los mismos jefes municipales dan un alerta sobre esta comprobación incipiente: “Se observan detenciones de personas sin ningún antecedente penal, ni siquiera de pisar una comisaría. Es por delitos menores. Algún hurto. Suponen controlable en la medida que se normalice la situación pospandemia. Pero hay otra comprobación, de acuerdo con Ishii (Frente de Todos) y De La Torre (Juntos por el Cambio), por citar a los mismos protagonistas, de partidos políticos diferentes. Hay tomas de tierra con “participación directa de extranjeros”.
Aún en la cuarentena más estricta, en La Plata crece la toma más grande de la Provincia. En 155 hectáreas del ex club de Planeadores y campos privados progresa un asentamiento ante la presencia perimetral de la Policía, la Gendarmería y la Guardia Ciudadana del Municipio. En la capital provincial están instalados 190 de esos “barrios populares”, novedosa denominación que esconde la miseria.
No hay punición sobre este tipo de delito de tomas de propiedades fiscales o privadas.
En cambio, los más convencionales tienen su agenda de entrada a los penales. Y de salida. Según el último registro oficial, desde el 17 de marzo egresaron de prisión 2.244 presos; 439 por el riesgo de Covid-19. De ellos, 1.607 fueron liberados por haber cumplido las penas que les fueron impuestas o porque ya estaban en periodo de libertades condicionales.
Los otros 637 reclusos recibieron el beneficio del arresto domiciliario, que todavía es controversial. Esta semana, una familia de Lanús Oeste tuvo que adoptar una drástica decisión al enterarse que el ladrón que los había robado era su vecino y que la Justicia decidió beneficiarlo con la prisión domiciliaria. El matrimonio decidió mudarse del barrio para evitar represalias y no poner en riesgo la vida de sus hijos.
Ese caso fue multiplicado en otros distritos. En Bahía Blanca, en su momento, la Justicia liberó a un violador condenado a siete años de prisión. El juez de la causa terminó con un pedido de jury.
El espíritu y el molde normativo de las excarcelaciones vinculadas a la continuidad de la pandemia todavía tiene trámite judicial. El 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires intervino para anular los alcances del habeas corpus colectivos. Ese recurso para las liberaciones había sido habilitado por el juez de Casación, Víctor Violini. El magistrado instruía a los jueces de instancias inferiores para que analizaran el otorgamiento de arrestos domiciliarios a personas en conflicto con la ley penal. La Corte ratificó, a manera de correctivo, que esa facultad era decisión de cada juez natural interviniente en cada causa.
En la oportunidad, ese soporte también fue aportado por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve. Allí determinaba que son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado. Considerando, además, los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19.
Después, el Defensor, Mario Coriolano, recurrió en queja ante la Corte nacional. El Alto Tribunal debería expedirse, pero no tiene plazos apremiantes. Tal vez después del levantamiento de la cuarentena. Entonces habría desaparecido la materia de controversia.
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