Un juez bahiense se declaró incompetente por el caso del joven desaparecido

(22). La Unidad Funcional de Instrucción Judicial 20 respondió de esa manera al planteo de incompetencia presentado por los abogados de la mamá del joven ante la Justicia bahiense de Garantías.

Ocurre luego del allanamiento a la Subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich, ordenado por la jueza federal Gabriela Marrón y realizado el miércoles. Según el fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFIJ 20 especializada en Averiguación de Paradero, al disponer ese operativo, la magistrada consideró que había “elementos objetivos” sobre la posible desaparición forzada del chico, del que no se sabe nada desde el 30 de abril, un día después de salir de su casa en Pedro Luro.

Hasta el miércoles, el fiscal provincial opinaba lo contrario. Al informar sobre la separación de la Bonaerense de la causa, De Lucía dijo que lo hacía “si bien no se advierten hasta el momento elementos objetivos para sospechar que la ausencia del joven tenga relación con un accionar ilícito de agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

En la comunicación, informó que seguiría adelante en la investigación aunque “con el auxilio exclusivo de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación”, aclaró. La incompetencia debe ser resuelta ahora por la jueza de Garantías 3 Susana Calcinelli.

El allanamiento autorizado por Marrón al destacamento de Mayor Buratovich, de donde se secuestraron un móvil policial, los libros de guardia, registros y novedades y los teléfonos celulares de cuatro agentes, cambió el escenario judicial. Y lo dejó muy cerca de las pretensiones de la mamá de Facundo.

Cristina Castro (42) había solicitado el martes a Calcinelli el apartamiento de la Justicia provincial en un petitorio para que se la considere como particular damnificado. En el mismo escrito, pidió apartar a la Bonaerense de la investigación y recusó al ayudante fiscal de Villarino Ariel García Dimas, el primero en instruir la causa.

Los abogados de Castro cuestionan a García Dimas porque consideran que virtualmente delegó la investigación en la Policía de Villarino. Sostienen que se cometieron “graves irregularidades e inconsistencias” en el expediente, que motivaron la decisión, dos semanas atrás, de recurrir a la Justicia federal.

En ese contexto, los querellantes apuntan contra los cuatro policías a los cuales el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez pidió que les secuestraran los teléfonos celulares. Antes de conocerse el allanamiento, el fiscal De Lucía había informado que ya los habían entregado por su propia voluntad.

Se trata de Alberto González, Siomara Ayelén Flores, Jana Curruhinca y Mario Gabriel Sosa, todos de la subestación Mayor Buratovich. Los dos últimos son quienes dicen haber divisado a Facundo en la calle San José Obrero y ruta nacional 3, en las afueras del pueblo, alrededor de las 10 de la mañana del 30 de abril. Según cuentan, lo demoraron y le labraron un acta por violación de cuarentena, tras lo cual lo dejaron ir.

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La agente Flores declaró que el mismo 30, alrededor del mediodía, levantó a Facundo en la ruta y lo llevó en el auto de su padre hasta la garita de acceso a Teniente Origone. “No le digas nada a mi mamá”, dijo la mujer policía que le pidió el joven antes de dejarlo.

González manifestó que a las 15, siempre del 30, ante el llamado de una persona que dijo haber visto a un joven caminando al borde de la ruta 3, concurrió al kilómetro 750. Allí encontró a Facundo, le pidió la documentación, requisó su mochila y le preguntó dónde iba. Luego vio cómo subía a una camioneta Renault Oroch gris oscura que iba en dirección hacia Bahía Blanca.

Para los abogados querellantes, los testimonios de Flores y González fueron incorporados de manera irregular a la causa que instruía García Dimas. La mamá de Facundo dijo que se enteró de ambos durante los rastrillajes realizados el 19 de junio, recién dos semanas después de la denuncia de la desaparición.

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“Me quise acercar a hablar con la chica policía, pero había un oficial al lado que no me dejaba. Ella estuvo todo el tiempo con la mirada hacia abajo”, recordó Cristina a Clarín sobre lo que ocurrió el día de búsqueda. Con el apoyo del grupo K9 de perros entrenados, el operativo se extendió solo sobre la ruta 3 entre Mayor Buratovich y Teniente Origone.

Según los abogados, el rastrillaje comenzó en un sitio distinto al que Curruhinca y Sosa dijeron inicialmente que habían interceptado a Facundo. “Al llegar al lugar se nos indica que resulta ser sobre la ruta 3 y el camino de tierra, del otro lado de la ruta, yendo a Bahía Blanca, margen derecho”, expresaron en su denuncia ante la Justicia federal.

En el caso de González, remarcan dos situaciones lllamativas. Que 50 días después de su encuentro con Facundo, recordara la dirección exacta (Emilio Rosas 492) en la que el chico le dijo que iba a estar en Bahía Blanca. Y que cuatro días después de su declaración inicial, dijera que en realidad la última vez que lo vio, iba caminando por la ruta.

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Al margen de la cuestión de la competencia, el fiscal Martinez comenzó con el análisis de los elementos secuestrados en la subestación policial de Mayor Buratovich. También aguarda la respuesta al pedido sobre los datos guardados en las bases de Facebook e Instagram de las cuentas que utilizaba Facundo en ambas redes sociales.

Pretende acceder a “direcciones de correo electrónico alternativo, números de teléfono, el registro de los últimos accesos a la cuenta (con detalle de fecha, hora e IP de conexión), efectuados desde el día 29/04/2020 a la fecha, así como también, cualquier otro dato de relevancia que pudiera llegar a surgir de las comunicaciones y/o interacciones que hayan tenido esos usuarios”, según el oficio enviado a la compañía norteamericana.

A ella ya había recurrido De Lucía, para rastrear los pasos del joven. Un aporte de Facebook fue clave en el caso de grooming​ seguido de femicidio contra Micaela Ortega que el fiscal lideró contra Jonatan Luna, condenado a perpetua en 2017. “Hay mucha tarea pendiente”, decía el investigador el miércoles, horas antes de declararse incompetente en el caso de Facundo.

EMJ