El expresidente Mauricio Macri reclamó que no se efectúe el entrecruzamiento de llamadas dispuesto por la jueza federal María Romilda Servini en la causa en la que se investiga
si durante su Gobierno se realizaron maniobras ilegales contra el grupo Indalo, a la vez que consideró que se trata de una medida “abusiva”.
El exmandatario presentó un escrito digital en la causa a través del cual nombró como su abogado a Pablo Lanusse y apeló la medida ordenada porque, juzgó, “carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
“Estoy convencido de mi inocencia en los hechos que aquí se investigan”, afirmó Macri en una de las primeras líneas del texto, que envió a la justicia, en el marco de la causa iniciada por una denuncia del empresario Fabián De Sousa, que sostuvo que, tanto él como su socio Cristóbal López, fueron presionados durante el Gobierno de Cambiemos, que habría buscado perjudicar a sus empresas.
La jueza Servini había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.
El expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos “suspensivos” sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar “perjuicios irreparables”.
“Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”, sostuvo el exmandatario.
Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito “por el estado de excepción” en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.
Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una “urgente e imperiosa fulminación por la Alzada” (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su “intimidad privada y familiar”, la cual se “se debe unir inescindiblemente” a su condición de expresidente de la Nación.
Cuando dispuso la medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se trataba de diligencias que “permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”, y además recalcó que, en lo que va de la pesquisa, “todas las reuniones, como así también las comunicaciones” denunciadas entre imputados “fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”.
Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
Posteriormente, solicitó los “registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019”.
Con toda esta información -dispuso- se “deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados” y “sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes”, y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la “supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional”.
En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP Abad hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.
La investigación se abrió por denuncia de De Sousa y se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”, según la acusación.
