Un día después de que la Iglesia en Buenos Aires consideró que “se quiere invisibilizar a Dios” con el mantenimiento desde hace casi cuatro meses del cierre de los
templos en la región metropolitana, la desazón en los medios eclesiásticos creció este jueves por la aprobación sobre tablas en la Legislatura porteña de la adhesión al protocolo para la interrupción legal del embarazo.
Si bien no se establecía una relación entre una cosa y la otra, se lamentaba cómo se definen las prioridades. Un obispo dijo a Clarín que se presenta el protocolo como “prioritario e indispensable”, pero no se atiende la práctica religiosa, que “no es una actividad esencial, pero si vital para la vida del ser humano”, reconocida por la Constitución y el ordenamiento jurídico internacional.
En la Iglesia no se entendía el apuro por su aprobación durante la cuarentena “cuando muchas pymes y comercios están cerrando”. Y pese a que la Coordinadora de la Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad –citaban- consignó días pasados que en los últimos años se hicieron solo en el sistema sanitario público porteño 8.388 abortos no punibles.
Aparte de su rechazo en general criticaban particularmente aspectos del protocolo –promovido por el ministro de Salud, Ginés González García– como el hecho de que una niña a partir de los 13 años puede pedir la interrupción del embarazo sin necesidad del consentimiento de los padres. También objetaban que no establezca un límite de tiempo para su realización.
Los cuestionamientos eclesiásticos incluyen que se aplique un concepto amplio de riesgo de la salud de la mujer –el que establece la Organización Mundial de la Salud- para autorizar el aborto no punible. Y que –añadían- ni siquiera haga falta una denuncia policial por la violación –que obligaría a perseguir al violador-, sino una mera declaración jurada firmada por la víctima.
En fin, lamentaban que se ponga “tanto énfasis” en interrumpir los embarazados no deseados y se dedique menos esfuerzo a sus causas. “El drama del aborto no lo resuelve un protocolo con una sola perspectiva ‘científica sanitarista’, sino que necesita de un replanteo profundo y fundamental, a su debido tiempo y sin privilegios políticos o ideológicos”, comentaba el mismo obispo.
De todas maneras, esta batalla ya está perdida para la Iglesia, que levanta la bandera de “la defensa de la vida desde la concepción”. Le resta afrontar el reto final: el nuevo tratamiento de la legalización del aborto en el Congreso cuando pase la cuarentena. Hacia allá ahora deberá encaminar sus esfuerzos. ¿Seguirán las malas noticias para ella?
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