El Ministerio de Economía terminó de confeccionar ayer el proyecto de ley de canje de deuda en dólares emitida bajo legislación local y lo giró a la Secretaría de Legal y
Técnica. Está todo listo para que ingrese al Congreso, en donde el Ejecutivo buscará que los legisladores avalen esta decisión de crédito público y, avanzar así, con la otra arista en la reestructuración.
Se trata de empezar con el canje de títulos emitidos bajo ley argentina que, en total, suman unos US$ 48.000 millones, de los cuales el 55% está en manos del sector privado, calculan en los pasillos oficiales.
En más de una oportunidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prometió que se dará igual tratamiento (las mismas condiciones) a los tenedores de títulos bajo ley argentina, con la intención de buscar equiparar los derechos de los acreedores locales con los extranjeros.
En ese sentido, se espera que el proyecto de ley que ingrese este viernes al Congreso contenga características similares en los títulos que puedan canjear los acreedores locales.
Sin embargo, se sabe que habrá una diferencia: se dará a estos tenedores de bonos la posibilidad de intercambiar sus títulos en dólares por otros, pero denominados en pesos.
Según supo este diario, se trata de ofrecer a determinados acreedores la posibilidad de pesificar, de manera voluntaria, sus títulos por otros en pesos que ajusten por CER (inflación).
De esta manera, el Gobierno avanza con la segunda “pata” en la reestructuración de la deuda: a la parte que empezó en abril, con el canje de los títulos emitidos bajo legislación internacional por unos US$ 64.800 millones, se suma ahora la parte local.
La última oferta que presentó el 7 de julio el equipo económico, aseguran desde el Gobierno que será la última, ya que se trata de una decisión presidencial no ir más allá de los pagos comprometidos.
Este diario preguntó qué pasaría si no se consigue la adhesión mínima necesaria para cerrar el canje internacional (del 50% o del 60%, en caso de que se apliquen las cláusulas de acción colectiva), a lo que una fuente oficial respondió: “En caso de no alcanzar el umbral mínimo de participación dejaremos esta reestructuración para otro momento, y avanzaremos con el Fondo Monetario”.
Por ahora, dos grupos de acreedores, que aseguran tener el 32% de las tenencias de deuda bajo ley extranjera, anunciaron que no acompañarán el canje argentino. Se trata de Ad Hoc -dentro del cual está BlackRock, el más duro en las negociaciones- y el de Tenedores de Bonos de Canje.
Si bien trascendió que BlackRock habría presentado una nueva contrapropuesta, desde el Gobierno descartaron esta posibilidad. “Formalmente no hubo nada nuevo; pero aún si hubiera no hay posibilidades de mejorar la oferta más allá de lo que hicimos”, aseguraron.
Así, más allá de cuál sea el resultado, una vez cerrado este proceso (de estas dos aristas de la deuda con el sector privado), el Gobierno se abocará a negociar con el Fondo Monetario Internacional el pago por los desembolsos que se recibieron desde el organismo, que, entre intereses y capital, superan los US$ 49.000 millones, con fuerte vencimientos a partir del año próximo.
Para esto será necesario un nuevo programa con el organismo dirigido por la búlgara, Kristalina Georgieva: es decir, habrá un nuevo préstamo desde el Fondo que permitirá cancelar los vencimientos actuales con el propio FMI y, de esa manera, estirar los plazos.
Y, para que ese nuevo crédito del FMI se concrete, primero deberá darse la auditoría por parte del organismo de la economía argentina, algo que se conoce como el artículo IV. Para cumplir con ese requisito, generalmente una misión del Fondo visita al país y elabora un detallado informe sobre la situación y las perspectivas. Pero con el coronavirus esta visita no podría darse. No obstante, no se descarta que se concrete de manera virtual.
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