Cortes en las villas y una deuda millonaria, detrás de la ofensiva contra Edesur

Edesur sigue en aumento. La disputa está centrada en las villas de emergencia.

Hay 81 barrios carenciados que tienen suministro eléctrico de Edesur. La distribuidora llega hasta un punto de conexión. Pero, hacia adentro, la distribución de los tendidos, cables y conexiones es hecha por los mismos vecinos de los barrios, que no siempre disponen de los materiales apropiados.

Allí crecieron los cortes, según cuentan los intendentes, y  eso genera malestar. Los alcaldes reciben las quejas, pero no saben qué hacer. Edesur les contesta que no puede hacer arreglos donde no tienen instalados transformadores ni puede entrar una cuadrilla.

Con tarifas congeladas desde febrero de 2019, la cantidad de consumidores “colgados” se disparó en los municipios de menos ingresos. La parálisis económica más el frío puso a los intendentes en apuros. Tienen que pagar más cuentas, con ingresos en caída. Los transformadores que puso Edesur en esos barrios registran mayores consumos. La deuda por 81 transformadores que entregan electricidad orillaría los $ 3.000 millones y data de hace una década, según fuentes de la empresa.

Los desacuerdos entre Edesur y las intendencias viene de hace tiempo. La compañía también argumenta que está brindando un servicio por el que no recibe el pago adecuado. La saliente gobernadora María Eugenia Vidal había ordenado que la empresa se hiciera cargo a través de un precio diferencial, pero el saldo por esa situación nunca se liquidó, según argumentan en la empresa.

Edesur sirve en 12 partidos del conurbano y la mitad de la ciudad de Buenos Aires. El crecimiento de la cantidad de “conectados” que no son clientes es importante, según creen en la empresa. Habría entre un 10% y 15% de hogares que usan la luz de Edesur, pero que no pagan. Se los suele llamar “colgados”.

“Son barrios donde no hay gas, que necesitan garrafas o usan cocinas eléctricas. Donde no siempre hay agua y cloaca, por lo que se utilizan motores para pozos de agua. Hay muchas deficiencias edilicias. En un hogar donde debiera pasar solo luz, gas y agua, hay solo luz. Eso genera una sobretensión adicional”, explica un ex funcionario del área energética.

“Las instalaciones en las villas o barrios de emergencia no están bien hechas. Hay fallas por todos lados”, dicen en el sector privado. Los intendentes quieren que Edesur repare esos cables. La empresa dice que “es imposible entrar a lugares donde no hay calles ni urbanizaciones. Se puede hacer en la villa 31 a raíz de un trabajo de urbanización”, recalcan.

Enel, el grupo italiano que es dueño de Edesur, mira los embates contra la empresa con sorpresa y cosecha adhesiones empresarias locales. Ex ejecutivos que se desvincularon de Edesur cuentan que los italianos perdieron interés en Argentina. Detallan que hubo un ciberataque contra las instalaciones y los sistemas de Edesur. El manejo de esa situación se hizo desde Chile, donde recibían órdenes de Italia.

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 Edesur repite que invirtió US$ 728 millones en los últimos años. El ente regulatorio (Enre) sancionó a la empresa por incumplimiento de inversiones prometidas. Las multas se acumulan, porque Edesur las apela.

La quita de la concesión no estaría en los planes del Poder Ejecutivo nacional, según deslizan funcionarios de las áreas que deben llevar ese tema. Sin embargo, se sabe que el ultra kirchnerismo tiene una vocación por el estatismo.

Si a Enel le quitan la concesión, es probable que recurra a tribunales internacionales. Sus probabilidades son de ganar ese pleito en el largo plazo. Sucedió con Marsans, cuando le expropiaron Aerolíneas Argentinas, o con Repsol, a la que hubo que compensar por el 51% estatizado de YPF. Sin contar que todavía está pendiente otro litigio de hasta US$ 5.000 millones por ese acto de “soberanía energética”.

El costo de una eventual expropiación no le pagará esta administración, porque estos procesos demoran tiempo. Pero recaerá sobre el próximo mandato sea del mandato que sea. A la concesión de Edesur le quedan 70 años. El reclamo por los ingresos que debiera generar en ese período puede ser incalculable.

La otra concesión de distribución eléctrica de Buenos Aires y es la de Edenor. La francesa EDF era la principal accionista de la empresa. En 2002, tras la emergencia económica, la empresa inició un pleito contra el país en tribunales internacionales. Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, acordó con los franceses y se quedó con la compañía.