La Cámara de Comercio pide una ley urgente para reducir la quiebra masiva de empresas

un ágil tratamiento”.

A través de un comunicado pidieron también que esta iniciativa “no sea malograda, como lamentablemente parece que ocurrirá con el proyecto de teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones acabará por desalentar esa modalidad laboral”.

Según los cálculos tanto de la CAC como de CAME por las pérdidas económicas generadas por la pandemia hay 60.000 empresas en riesgo  que emplean a 300.000 personas. Datos del sector inmobiliario muestran también que en la Ciudad de Buenos Aires el 22% de los locales cerró y puso fin a su contrato de alquiler.

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Este lunes, con la reapertura parcial de los juzgados, se espera una avalancha de pedidos de concursos y de quiebras. A comienzos de junio la CAC se comunicó con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de ministros, para solicitarles que “protejan la trama empresaria, mediante la adopción de medidas que redujeran la judicialización“. La entidad advirtió que “en el marco de la severa crisis en curso, y a pesar de las múltiples y bienvenidas medidas de apoyo estatal, muchas empresas se vieron forzadas a incumplir sus obligaciones, abriendo la puerta a una litigiosidad que las expone –especialmente a las MiPyMEs– a su potencial extinción“.

La entidad señala que resulta fundamental “contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad”. Por eso plantean que “la adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data”.

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De este modo, la CAC expresó su apoyo a un proyecto de ley que promueve “la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías” ya que con estas medida se logrará “la protección del entramado productivo local en tan difícil coyuntura. De prosperar, no solo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan, sino que también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación”.

AQ