La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Hugo Godoy aseguró hoy que “es preciso evaluar el llamado a una consulta popular para avanzar con la sanción del proyecto de impuesto a las grandes riquezas”, y afirmó que existe “consenso social” para someter la iniciativa al artículo 40 de la Carta Magna.
El secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que el proyecto “no puede continuar paralizado en el Congreso”, por lo que reclamó que sea analizado a través de “una consulta popular, según la Constitución Nacional”.
El dirigente estatal rionegrino indicó que para sortear los obstáculos existentes “se imponen mecanismos de democracia directa y esa adecuada convocatoria”.
Ese artículo constitucional sostiene que “el voto afirmativo de un proyecto por parte del pueblo lo convierte en ley y su promulgación es automática”, aseguró.
“El llamado a consulta popular debe realizarse por una ley del Congreso para garantizar que sea vinculante”, indicó Aguiar, quien explicó que según la ley reglamentaria 25.432/01 si “un proyecto es tratado por iniciativa parlamentaria para que lo vote la ciudadanía es vinculante y la votación obligatoria”.
El sindicalista añadió que “la introducción de esos institutos de participación directa de los ciudadanos en la Constitución es de avanzada”, y señaló que según varias encuestas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el 78 por ciento de los consultados aseguró que votaría de manera positiva un proyecto de esas características en el país, indicó un comunicado.
Aguiar enfatizó que para superar “el derrumbe económico-social producido por la pandemia de coronavirus se requieren medidas que afecten a quienes tienen mayor capacidad contributiva”, y recalcó que si “ese impuesto llega tarde o no llega los niveles de pobreza serán tan elevados que no será posible la recuperación económica”, por lo que “es preciso gravar a quienes tengan patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (12 mil personas)”.
“Para emerger de la grave crisis tal vez llegó la hora de apelar a dispositivos legales para que los ciudadanos adopten decisiones políticas directas. El Producto Bruto Interno (PBI) por persona es de poco más de 11 mil dólares. Las 9 familias más ricas acumulan más de 1.000 millones de esa moneda cada una, en el ranking que encabeza Alejandro Bulgheroni con 5.400 millones”, concluyó.
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