Por lo menos dos jueces presentan un amparo contra la decisión de la Magistratura de revisar sus traslados

habilitó la revisión de sus mudanzas internas en la Justicia, mientras crece la polémica sobre esta nueva medida de la ofensiva K contra la Justicia.

Los miembros de la sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -jueces que confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa de los Cuadernos de las Coimas- solicitará que se primero se congele esa decisión y luego se discuta sobre su legalidad, adelantaron a Clarín fuentes judiciales.

La decisión fue tomada el jueves, un día después de que el presidente Alberto Fernández anunció el envió al Congreso de su proyecto de reforma judicial, que el martes defenderá la ministra de Justicia, Marcela Losardo en una comisión del Senado.

La mayoria kirchnerista con el voto de la diputada lavagnista Graciela Camaño apoyó el jueves el proyecto del Gobierno de revisar el traslado de diez jueces que, a su criterio, no cumplieron con todos los requisitos legales para cambiar de juzgados durante la presidencia de Mauricio Macri.

La semana próxima, la comisión de Selección de la Magistratura, que preside Camaño, enviará su polémica resolución al gobierno y a la Corte. El Poder Ejecutivo podría pedir al Senado que estudie si le da un acuerdo para su actual cargo. Como Cristina preside el Senado, seguramente rechazarán darle acuerdo a los jueces que la juzgaron o que tienen que decidir si la condena y empezará un conflicto institucional.

Paralelamente, la Corte Suprema podría expedirse para ratificar el traslado de estos jueces, como hizo con casos anteriores, archivar la consulta o decir que no son revisables porque se trata de magistrados que hace, por lo menos, más de dos años que ejercer sus nuevas funciones.

El máximo tribunal ya sacó dos acordadas con especificaciones sobre el reglamento de traslados. Fuentes judiciales estiman que este nuevo conflicto por la vía de los amparos o de esta consulta deberá ser resulto por la Corte, la misma que un Consejo Consultivo creado por el Gobierno con mayoría peronista debería aconsejar si hay que modificar.

El Consejo de la Magistratura definió en el plenario del jueves, por siete votos positivos -incluyendo el de Camaño- contra seis votos por la negativa, que “no han completado el procedimiento constitucional” diez traslados.

Los traslados cuestionados por los K son los de Zunilda Niremperger (juez federal y electoral del Chaco), Juan Manuel Iglesias (trasladado de un tribunal de Entre Ríos a uno del Chaco) , Leopoldo Bruglia (camarista), Eduardo Farah (ex camarista federal porteño trasladado a un tribunal oral), Germán Castelli (juez del Tribunal Oral Federal 7 que juzga la causa Cuadernos), Esteban Hansen (pasó a un juzgado federal con competencia electoral en Jujuy), Pablo Bertuzzi (camarista), Federico Villena (juez federal 1 de Lomas de Zamora), Enrique Velázquez (de un juzgado de instrucción, a uno de menores) y María Skanata (pasó a un juzgado de Misiones con competencia electoral). 

La cuestión había sido debatida en la comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998 hasta la actualidad y que Clarín reveló hace dos semanas atrás.

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Ustarroz advirtió tres tipos sobre 38 traslados en la justicia: los que respetaban lo exigido por la ley, los que habían hecho alguna salvedad en las exigencias y los que carecían del acuerdo del Senado, entre estos últimos, los diez casos que serán revisados.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Pablo Tonelli, insistió en que el Consejo “no tiene competencia” para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados ya que estas decisiones “generaron efectos y derechos” que solo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos. Todos los traslados fueron dentro del mismo fuero y con la misma jerarquía.

“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli, en referencia al dictamen propuesto por el consejero cercano a los K y rector de la Universidad de Lomas de Zamora Diego Molea para que esos “diez nombramientos sean revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que preste su acuerdo”.

“La Corte es muy clara, nos marca una directriz muy clara: se necesita un acto federal complejo para designar jueces”, expuso Molea.

La reunión fue presidida por la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, que habló de su incomodidad por encontrarse en la “ancha avenida del medio”, pero señaló sin ambigüedades que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento” y subrayó: “Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”.

Aclaró también que “jamás pondría” su voto “para poner o sacar a un juez” y explicó que sólo se está “consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.