Alberto Fernández derogó el decreto que disponía la intervención y expropiación de Vicentin

había anunciado el 8 de junio y que un día después le dio caracter jurídico en el DNU 522, ahora finalmente derogado.

La decisión presidencial se conoce a pocas horas del fracaso de la segunda audiencia de conciliación entre la agroexportadora y representantes del Gobierno de Santa Fe, que se reunieron este jueves en Reconquista, con el objetivo de buscar consensos para el salvataje de la compañía.

Pero esa negociación se trabó al discutirse el control efectivo de la operatoria empresarial, y los representantes del gobierno santafesino dieron por finalizada su participación en esta instancia mediadora que había propuesto el juez concursal, Fabián Lorenzini, 20 días atrás.

Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesina dieron por “cerrado el capítulo”, y como actuaban prácticamente como delegadas del Estado Nacional al propio Presidente no le quedó margen para sostener lo que había planteado hace casi 2 meses. .

Fernández explicó los argumentos de su decisión en un hilo de tuits. “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, planteó.

Y agregó:”El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

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También dijo que dio instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo. El Banco Nación es uno de los principales acreedores del rojo de U$S 1.350 millones que debe Vicentin a productores, cooperativas, acopios y entidades bancarias.

En el decreto, Fernández también acusa a los directivos de Vicentin de acciones “dilatorias” que fueron aceptadas por el juzgado interviniente (el del juez Fabián Lorenzini) y que -según el texto del DNU con impronta de lamento- llevaron a un estado de parálisis que “solo ha profundizado la crisis en que se encuentra Vicentin desde la cesación de pagos”, reconocida oficialmente el 4 de diciembre de 2019.

Tras la iniciativa presidencial que arrancó a principios de junio, el magistrado -que estaba a cargo del concurso de acreedores desde febrero- rechazó la designación de los interventores del Gobierno, que apenas después de la presentación del DNU 522 del 9 de junio, habían ingresado a la compañía de Avellaneda, Santa Fe.

Lorenzini consideró “veedores” a los dos funcionarios nacionales designados como interventores y repuso en el manejo de la empresa concursada al directorio que habían nombrado los accionistas de Vicentin.

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Esa firmeza en las posiciones judiciales de Lorenzini fue interpretada desde el Gobierno como un obstáculo para avanzar en la idea original. Pero, vale reconocer, el espiritu del decreto de ayer reconoce la autoridad del otro poder del Estado. La frase más sintomática en ese sentido es cuando se advierte que, al considerarse veedores a los interventores designados, “se modificó, por decisión judicial, lo dispuesto por el Decreto ya citado”.

Con todo, más allá de los detalles técnicos-judiciales, el telón de fondo de la marcha atrás del Gobierno tiene un sentido fuertemente político: el epicentro del rechazo de la opinión pública al avance del Estado sobre el sector privado fueron las masivas manifestaciones en diversas ciudades del país, el 20 de junio, pero también se expresó en ámbitos empresariales y políticos. La mayoría de la oposición, e incluso referentes allegados a Alberto Fernández, se manifestaron en contra de la expropiación y pusieron reparos de diversa índole sobre la intervención.

En el tramo final del decreto, el presidente insistió en que la labor del Estado se va a concentrar en la recuperación de los activos que están en riesgo y en colaborar con la justicia para esclarecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales del grupo empresario.

Y también recuerda que la Ley 26.122 determina que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Por eso, en el artículo 2 del decreto -y después de derogar el DNU del 9 de junio- el presidente dispone que se notifique a esa comisión.

La Comisión Bicameral por Vicentin fue aprobada con media sanción en el Senado, el 24 de junio, pero aún no fue tratada su conformación en Diputados.

Con todo, desde el oficialismo político nacional y santafesino conservan las expectativas de que la Comisión Bicameral asuma un rol mucho más determinante. Al menos, esperan que tenga un rol de contralor sobre el futuro de la compañía.