La gigante agroexportadora no será expropiada en los términos iniciales planeados por el Gobierno. Su relevancia estratégica.
El Presidente sorprendió hace un mes y medio cuando anunció la expropiación de Vicentin, una de las seis mayores agroexportadoras del país. Una deuda de $ 99.000 millones en default después de un vaciamiento desesperado de la compañía desde que Cambiemos perdió las elecciones. El viernes volvió a desconcertar Alberto Fernández cuando levantó el DNU que establecía la intervención previa, pero el camino deja de ser enigmático cuando se analizan los pasos seguidos. Pese a todo, el Gobierno investigará a fondo la fuga y las triangulaciones.
Vicentin reviste una importancia estratégica sin igual: con la expropiación el Estado podía contar con una cerealera testigo que le indique los volúmenes reales que tranzan las competidoras y le garantizaría las harta necesarias divisas al Banco Central. Los 2.638 acreedores, incluidos 1.895 productores de granos, tomaron posturas diferenciadas.
Tanto los dueños de la empresa cuasi centenaria enarbolaron la bandera de la defensa de la propiedad privada justamente cuando Vicentin fue quien la avasalló al negarse a pagar $ 99.000 millones, como reconstruyó en sus investigaciones Claudio Lozano, director del Banco Nación, a la que la compañía le debe U$S 300 millones.
En la campaña 2018/2019 se vendieron al exterior 97,5 millones de toneladas de granos y derivados y las primeras diez empresas concentraron el 91%. Este complejo cerealero, excesivamente concentrado, representa entre el 30% y el 40% del total de las exportaciones argentinas, estimó Lozano en su último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
Si se mira al interior de las principales agroexportadoras, se destacan seis extranjeras que concentran el 69% de las ventas. Vicentín, en el sexto puesto del panel, disputa el primer lugar entre las cuatro locales, ya que concentra el 9% de las cantidades exportadas del sector, con 8,4 millones de toneladas. Por ende, “si al tomar control sobre Vicentín, el Estado impulsara una nueva sociedad de carácter público en la que compartiera la conducción con las cooperativas agropecuarias, el resultado podría ser por demás interesante”, reflexionó el economista en su reporte.
En su informe Lozano está convencido de que el Gobierno debe retomar el camino de la expropiación construyendo el consenso político. Algo que, por las peripecias que siguieron al anuncio del 8 de junio, demostró no estar garantizado.
Pero no fue sólo ese el inconveniente que llevó a dar marcha atrás con el DNU de expropiación. Según pudo reconstruir El Destape, determinantes fueron los continuos obstáculos que interpuso el juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, a quien acusan de jugar a favor de Vicentin, que manejó a Reconquista como feudo tanto en el expediente como en las movilizaciones en contra de la participación estatal en medio de la pandemia.
Por la denuncia penal de Comodoro Py que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita se busca dilucidar si cometió delitos el expresidente del BNA Javier González Fraga. El funcionario llevó adelante un allanamiento para acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, lo que fue demorado 24 horas por el magistrado de Reconquista, de acuerdo a lo que denunció a este medio una fuente interesada en el expediente. Esto le dio a Vicentin tiempo de sobra para sacar toda documentación incómoda si así lo hubiera querido.
La frutilla del postre, la última irregularidad del juez Lorenzini, fue entregarle 40 días hábiles adicionales a Vicentin para presentar su balance 2019. “En tanto esté en Reconquista, la causa van a manejar ellos”, apuntó el representante de uno de los mayores acreedores de la cerealera. La inclinación de la balanza fue clave para el DNU, dado que el Ejecutivo mismo había quedado expuesto a Lorenzini desde el momento en que le entregó al Poder Judicial la potestad de definir si reviste o no de constitucionalidad.
A fines de junio, Lorenzini apartó a los interventores elegidos por el Presidente vía decreto y repuso al directorio de Vicentin en la administración. Esto fue duramente criticado por Fernández: “Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. Al juez hay que explicarle que los DNU son leyes y no la voluntad del ejecutivo”.
Ahora, tanto la Unidad de Información Financiera como la AFIP aunarán fuerzas para investigar el vaciamiento, la fuga y las triangulaciones de dinero en las que se apoyó Vicentin para acumular $ 99.000 millones de deuda que no puede pagar, adelantaron fuentes oficiales a este medio. No cederán entonces en garantizar una pesquisa independiente para desandar el camino de los ejecutivos que en pocos meses chocaron una empresa líder de su rubro. Esto reviste de doble importancia dado que los dueños y sociedades vinculadas de la compañía forman parte de los reclamos por $ 5.800 millones.
El resultado quizás era distinto si el Gobierno presentaba el proyecto de expropiación en el Congreso y construían los apoyos suficientes. El Gobierno puso en marcha una estrategia de expropiación tal vez sin dimensionarse que se metían en los dólares de los granos, el sector más concentrado y con mayores ganancias en moneda extranjera del país.
