Cuál fue la oportunidad que encontró Alberto Fernández para dar marcha atrás con Vicentin

al norte provincial. Lo esperaba una reunión con el juez Fabián Lorenzini que atiende el concurso de Vicentin junto a miembros de la familia. El encuentro se extendió varias horas entre mucha cordialidad y algún momento de furia. Pero terminó en fracaso. Ya era el anochecer y en Buenos Aires Cristina Kirchner recibía en el Senado, con el estilo monacal que impone la pandemia, a los representantes de las Cámaras agroindustriales, encabezadas por Gustavo Idígoras de la poderosa industria aceitera, Roberto Domenech de la industria avícola y José Martins, de la Bolsa de Cereales. En ese encuentro el tema Vicentin brilló por su ausencia. Claro que muchos lo vincularon a la decisión que tomaría por la noche Alberto Fernández al decidir derogar por decreto la intervención y expropiación posterior del gigante agroindustrial.

En el senado, cuando los dirigentes de la agroindustria se aprestaban a explicarle a Cristina su plan para hacer crecer a US$ 100 mil millones las exportaciones del sector, la vicepresidente los frenó: “Tengo la propuesta, la estudié y estoy de acuerdo”, les dijo al felicitarlos. Les resultó extraño porque apenas ingresaron les sacaron fotos y les mostraron un documento sobre esa reunión que ya estaba redactado de ante mano. Pero en el instante de la despedida, Cristina soltó: “La agroindustria es uno de los sectores más activos y dinámicos de la Argentina, el Estado tiene un rol de control pero nunca de participación empresarial”.

¿Habrá sido ella quien insinuó al Presidente dar marcha atrás con Vicentin?

Aunque no lo descarta, una fuente cercana a Alberto Fernández, señaló a Clarín, que el mandatario venía madurando la decisión tras los banderazos como el del 9 de Julio en contra de la expropiación. Lo admitió en público cuando contó que imaginaba otra reacción social. Y reconoció: “Se dijeron cosas horribles sobre mi”.

Según el funcionario consultado, “Alberto se quería correr, sentía que se iba a estrellar justo con el sector que tiene que aportar los dólares”, dijo al unir el fracaso del plan Perotti y el feliz encuentro de Cristina con las cerealeras. “Encontró la oportunidad”, dio por explicación.

Claro que la decisión no significa que el Estado abandone sus reclamos. Los bancos públicos liderados por el Nación a los que se suman el Provincia, Ciudad y Bice, actúan en manada y no van a bajar la guardia. Tienen mandato de avanzar en la justicia.

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Alberto Fernández sabía, además, por Gabriel Delgado, el interventor designado, la complejidad que implicaba hacerse cargo de una firma como Vicentin que había perdido la confianza entre los productores justo cuando necesita hacerse de unas 8 millones de toneladas de soja para la molienda. Hacerse cargo significaba, además, desembolsar unos US$ 400 millones a productores y acopiadores concentrados en Santa Fe que quedaron a la intemperie por Vicentin.

El jueves en la reunión, los funcionarios de Omar Perotti se dieron cuenta de una “actitud zigzagueante” de parte de la familia propietaria de una firma con 90 años de historia. Pero la gota que rebalsó el vaso, según deslizaron a este diario, fue que la plana mayor de la empresa exigía para el armado de un fideicomiso que sus acciones estuvieran solo en garantía en vez de que pudiesen ser administradas por una junta mixta a cargo y solicitaban un acuerdo de indemnidad patrimonial. De lado de los Vicentin, dieron otra versión. Aseguraron que se pretendía que entregaran las acciones sin nada a cambio y definían a ese proceso como aún peor que una expropiación que reconoce que se debe indemnizar.

A todo esto, la Casa Rosada se enteró que los acreedores internacionales de Vicentin avanzan con la creación de un caso en la justicia de Nueva York, tras información proporcionada por el proceso de Discovery que rastreó las transferencias de las cuentas de las empresas del grupo y de sus accionistas. Son acreedores de peso.

Ahora todas las miradas se posan en el juez Lorenzino de Reconquista, donde Vicentin tiene enorme gravitación y solicitó su concurso de acreedores. “El riesgo es que haya un efecto cascada y que alguno de los acopiadores a los que Vicentin le debe varios millones de dólares también se declare en cesación de pago. Ese hecho podría alterar una campaña que por el clima y la intención de siembra pinta robusta”, deslizaron en una exportadora.

Un empresario de ese sector, con buen ojo para detectar oportunidades, desdramatizó. Cree que tras el concurso pueden aparecer varios interesados en Vicentin. “Tiene activos bien ubicados y muy competitivos tecnológicamente. Los que están en el negocio, no van a perder esas joyas”.