El exministro de Justicia y jurista, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que una reforma judicial en el país “requiere construir consensos y acuerdos muy genuinos” convocando a las fuerzas políticas, lo que, asumió, “no es fácil en este país”.
En una entrevista con Télam, Gil Lavedra opinó sobre la presentación que el presidente Alberto Fernández hizo esta semana del proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la creación de un consejo consultivo, integrado por especialistas de todo el país, para analizar las reformas que requiere la Justicia para su mejor funcionamiento.
Quien fuera diputado por Cambiemos y coordinador de la iniciativa Justicia 2020, recordó que ese órgano creado para asesorar al Ejecutivo en materia de reforma judicial “va a tener una opinión no vinculante” y que “el Gobierno va a tomar sus propias decisiones” una vez que esa función concluya, y elogió la “alta calidad política de muchos de sus integrantes”.
Télam: ¿Qué opina de la reforma judicial presentada esta semana?
Ricardo Gil Lavedra: En la Argentina, desde hace muchos años se vienen discutiendo temas de reforma judicial y no hay novedades o sorpresas. Los temas están sobre la mesa: La cuestión del Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados de orden federal, métodos alternativos de resolución de conflictos, el funcionamiento de la Corte Suprema, la despapelización y digitalización, la oralidad efectiva. Ya hay mucho trabajo hecho sobre esto, lo que ocurre es que la reformas judiciales para poder impulsarlas requieren construir consensos y acuerdos muy genuinos, muy sinceros. Y no es fácil en este país. Hay intereses y desconfianzas recíprocas. Si uno quiere avanzar genuinamente en este camino tiene que hacerlo llamando a todas las fuerzas políticas y abriendo discusiones sobre el material que ya existe.
T: ¿Cuál es su mirada sobre el consejo consultivo que se creó?
RGL: Su informe será seguramente muy bueno, muchos de sus integrantes tienen una alta calidad, pero la definición política es del Gobierno. Ellos van a tener una opinión no vinculante, y seguramente el Gobierno va a decidir finalmente sus propias políticas en la materia.
T: ¿Qué quedó pendiente desde la iniciativa Justicia 2020, que usted coordinó en la anterior gestión?
RGL: Creo que dio un resultado extraordinario en materia de procedimiento civil, se ha avanzado en la oralidad efectiva, pero hay que introducir los cambios normativos que aseguren este programa, que ha dado resultados notables. Y queda toda la cuestión pendiente de la puesta en marcha total del sistema acusatorio, la necesidad de adecuar la ley de Ministerio Público al nuevo acusatorio. La actual ley no puede ahora llevarse a la práctica, tiene una concentración brutal de facultades en el procurador, faltan controles internos adecuados en los fiscales. Y está la cuestión del juicio por jurados, que es una oportunidad para llevarlo a la práctica.
T: ¿Cuáles son las mayores urgencias que hoy tiene la Justicia?
RGL: Creo que la justicia está desplazada en este momento en la urgencia pública. En la situación que estamos atravesando todos estamos preocupados por la salud, la pandemia, y por cómo superamos la catástrofe que se avecina en el plano económico y social, porque va a requerir un esfuerzo muy grande. Esto no quita que no puedan intentarse algunas de estas modificaciones, pero el camino tiene que ser buscar acuerdos sólidos para despejar todo tipo de desconfianza. Para mí la Justicia no era una urgencia de primera magnitud. Y la agenda importante no está encarada, no ha comenzado. Lo que se propuso ahora es una reforma vieja, que podía tener utilidad hace años, pero hoy en día con la puesta en marcha del sistema acusatorio no parece una prioridad aumentar los órganos judiciales replicando estructuras que van a ser dejadas de lado cuando se implemente el sistema acusatorio.
T: ¿Hay que reformar la Corte Suprema?
RGL: También hay mucho trabajo ya hecho sobre esto. Si uno quiere respetar la función constitucional de la Corte, que es asegurar la supremacía de la Constitución, no cabe duda que la cantidad de casos que resuelve por año son excesivos. Habría que modificar su competencia para que resuelva menos casos, no más. No tenemos que ampliar la Corte, sino reducir lo que ingresa para su tratamiento. La Corte no tiene que aplicar el derecho civil ni penal, tiene que asegurar solamente la supremacía de la Constitución. Y en este momento despierta suspicacias cualquier modificación en su integración. Por eso tiene que ser una cuestión intocable, para recuperar la credibilidad. Tenemos que hacer que la gente vuelva a confiar.
T: ¿Coincide con la posición de Juntos por el Cambio de rechazar de plano la ampliación de los miembros de la Corte Suprema?
RGL: La fuerte suspicacia está fundada en los antecedentes porque en las administraciones kirchneristas anteriores se modificó dos veces el Consejo de la Magistratura y se redujo el número de esta misma Corte. Creo que su postura de decir ‘con la Corte no’ revela una firme decisión de que ninguna reforma contribuya a la impunidad. En este momento la integración de la Corte es intocable.
T:¿Qué le pareció el discurso del Presidente al anunciar la reforma?
RGL: Yo comparto mucho de lo que ha dicho el Presidente sobre la Justicia, tanto cuando asumió como en su discurso en la Asamblea Legislativa, pero en su enumeración omitió todo el período kirchnerista, justamente cuando se modificó dos veces el Consejo de la Magistratura y se redujo la Corte, lo cual fue una buena medida. Se omitió el período en el cual procurador general, Esteban Righi, el mentor del Presidente, muy buen jurista y una gran persona, fue obligado a renunciar. Omitir todo lo que ocurrió en este período es no mirar la historia con los dos ojos.
