El Gobierno nacional
destinó 60 mil millones de pesos para ayudar a los sectores más vulnerables en el primer semestre del año, un monto cuatro veces superior a los 15 mil millones de pesos asignados durante todo 2019 a los grupos sociales con mayores necesidades, de acuerdo con un informe del Ministerio de Desarrollo Social.
El relevamiento, elaborado por la Secretaría de Inclusión Social de la cartera, que conduce Laura Alonso, evidenció que en sólo seis meses se transfirió algo más de 60 mil millones de pesos a programas de asistencia alimentaria en todo el país.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso Télam, los recursos se cuatriplicaron para afrontar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, a través de varios desarrollos: Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, merenderos, comedores escolares y módulos alimentarios.
En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, puesto en marcha por el presidente Alberto Fernández en diciembre pasado, pocos días después de asumir, la Tarjeta Alimentar llegó a 1,5 millones de hogares y los beneficiarios recibieron -de enero a junio de este año- fondos ocho veces superiores a los destinados en el 2019 en la totalidad de módulos financiados por la Nación.
Unas 656 mil personas, además, asistieron a 11 mil talleres realizados en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.
En esos encuentros, se proveyó información alimentaria-nutricional a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, durante los operativos concretados antes del inicio del aislamiento obligatorio.
Los comedores escolares del país recibieron, además de una mejor calidad nutricional en las prestaciones, 6 mil millones de pesos, más del doble de los 2.700 millones recibidos en 2019. Incluso, Desarrollo Social sumó comedores de provincias que no habían tenido financiamiento el año pasado.
“Estas cifras son la concreción de un planteo que hizo el Presidente respecto al derecho a la alimentación que debíamos garantizar para una porción importante de compatriotas que lo tenían vulnerado”, reflexionó Alonso y recordó que en diciembre último Argentina ya era “un país en emergencia alimentaria”, que la pandemia “profundizó”.
El informe registró también el incremento del 20 por ciento de las partidas asignadas a los comedores comunitarios manejados por organizaciones sociales: pasaron de 1.500 a 1.900 millones de pesos en el primer semestre de este año.
A su vez, los merenderos fueron renovados y ampliados, con la firma de convenios para ayudar a esas iniciativas comunitarias que brindan servicios gratuitos de asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social.
Fue creado el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) para lograr la “máxima transparencia en la asignación de recursos públicos” y para tener “una visión objetiva y estadística de la cantidad de espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria”.
En el contexto de la pandemia y en respuesta a las recomendaciones del Ministerio de Salud, Desarrollo Social financió además la compra de elementos de higiene como lavandina y detergente.
“Durante el primer semestre de 2020 se transfirieron fondos equivalentes a los pagos totales efectuados durante el 2019 (pasó de 922 millones a 947 millones de pesos)”, señala el informe en el punto referido a los merenderos.
En los primeros seis meses del 2020, las organizaciones sociales recibieron 3.500 millones en los denominados “módulos de asistencia alimentaria directa”, compuestos por alimentos secos y frescos para poblaciones remotas muy vulnerables.
El presupuesto ejecutado este año incluye también la distribución de los módulos Covid-19, pensados para atender situaciones alimentarias críticas, profundizadas por la pandemia. Hasta ahora esos módulos fueron entregados a municipios de la provincia de Buenos Aires y en los próximos meses serán incorporadas otras comunas.
Otro capítulo del trabajo realizado desde Desarrollo Social en este semestre se basa en proyectos para financiar un mejor acceso a los alimentos para personas celíacas en situación vulnerable.
El financiamiento de 270 millones de pesos otorgado en 2019 al programa Pro-Huerta fue idéntico al total asignado en los primeros 6 meses de 2020 a quienes están contenidos en ese sistema.
También, encuadradas en la línea “Sembrar Soberanía Alimentaria”, fueron fortalecidas unidades de trabajo asociativo (productores y comercializadores de la agricultura familiar) para conformar “redes territoriales de abastecimiento local de alimentos, en articulación con las provincias, municipios y las organizaciones sociales”.
