Las audiencias del primer juicio por presunta corrupción contra la vicepresidenta se reanudaron este lunes. En medio del debate por la reforma judicial que el Gobierno impulsó creando un comité asesor respecto
al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que integra el abogado Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner-, en el Máximo Tribunal hay catorce recursos vinculados al caso, seis de los cuales fueron presentados por el abogado de la ex Presidenta. Y que podrían alterar la continuidad del debate.
De las ocho causas elevadas a juicio oral que tiene Cristina Kirchner -seis son casos de corrupción- sólo se encuentran desarrollándose las audiencias de uno, en el que se la acusa de haber sido jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública vial de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez. Fueron 51 contratos por 46.000 millones de dólares.
El caso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la etapa de indagatorias concluyó hace meses con la declaración de la vicepresidenta. Allí, durante más de tres horas, sostuvo que el expediente carecía de sustento jurídico para acusarla, se refirió al lawfare y esgrimió que todo responde a una persecución política para desprestigiarla como dirigente. Acusó a la Justicia de ser instrumento y brazo ejecutor de ese mecanismo.
El expediente, en cambio, sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales, con sobreprecios del 65% a favor” de Báez. Según la acusación del fiscal, todo fue comandado por la vicepresidenta, y dichas maniobras “derivaron en la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero“.
De las principales imputaciones la vicepresidenta se defendió y trató de retrasar con diversos recursos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. En total hay quince quejas en la Corte vinculadas a esta causa, y seis de ellas fueron presentadas por Carlos Beraldi, que ahora opinará sobre el funcionamiento del Máximo Tribunal como integrante del Consejo Consultor que convocó Alberto Fernández.
Son casi la mitad de los planteos que llegaron hasta la Corte en contra del juicio por obras viales. Se trata de los recursos CFP 5048/2016/TO1/14; CFP 5048/2016/TO1/22; CFP 5048/2016/TO1/21; CFP 5048/2016/TO1/25; CFP 5048/2016/TO1/27 y CFP 5048/2016/TO1/34. Según fuentes de la causa, si esos recursos avanzan en la Corte “podrían ser determinantes en la continuidad del juicio y el tiempo del mismo”.
Para refutar la acusación sobre la concentración económica de la obra pública a favor de Báez, la defensa de Cristina Kirchner había requerido una pericia de toda la obra pública en todas las provincias, para saber si “hubo o no sobreprecios en las obras, se presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación”.
En respuesta a este pedido el TOF 2 autorizó un peritaje sobre cinco casos testigo de obras asignadas Báez y que arrojó por parte de los peritos oficiales sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares. Asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos, y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.
El reclamo para que se amplíe esa pericia se encuentra en la Corte, y si la misma autoriza que se incluya una mayor cantidad de licitaciones se vería retrasado el juicio que inició en mayo de 2019. Otro de los reclamos es la recusación a uno de los peritos. A esto suman otros tres recursos para quejarse sobre pruebas producidas.
La defensa de la vicepresidenta planteó en diversas instancias que están ante un doble juzgamiento al decir que este hecho ya fue investigado y sobreseído por la justicia de Santa Cruz, “acá (por el TOF 2) nos dijeron que no era lo mismo cuando lo planteamos, y ustedes los jueces se convierten en los arietes del flagelo que es identificar a la política con la corrupción”, dijo Cristina en su indagatoria. La queja es central y los jueces observan con atención cómo se pronunciará el Máximo Tribunal, ya que podría ser determinante en la continuidad del caso.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó otros pedidos de la ex presidenta y que habilitaron el inicio del juicio. En ellos pedía que la causa se envíe a Santa Cruz porque los hechos investigados ocurrieron allá, y a que ya hubo un expediente de similares características en Río Gallegos. Para la defensa debe ser otra Sala de ese tribunal la que intervenga.
Entre los recursos que debe analizar la Corte se encuentra uno formulado por varias defensas sobre la competencia de la Cámara de Casación, ya que fueron dos salas, la I y la IV, las que intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa.
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