A lo largo de la historia el movimiento obrero argentino conquistó una serie
de derechos para los trabajadores y las trabajadoras con relaciones formales de contratación. Pero a partir de la Dictadura de 1976 el país asistió, como otros a nivel mundial, a una reconfiguración del mercado laboral. Este proceso dejó como consecuencia la “balcanización” de las relaciones de trabajo: una gran fragmentación de la masa trabajadora en múltiples relaciones laborales. Así al sujeto de derechos del movimiento obrero tradicional se sumaron los crean su propio trabajo, los que no están registrados de manera formal, los monotributistas con relaciones laborales encubiertas, y una gran variedad más.
Esta heterogeneidad trajo como contrapartida un acceso desigual a los derechos en tanto sujetos trabajadores. Recordemos que la matriz laboral céntrica argentina otorga una serie de ‘beneficios’ a partir de la inscripción de las personas en un trabajo ‘digno’: licencias pagas, posibilidad de filiación sindical, indemnización, jubilación, entre otros.
En 2011, frente a la necesidad de homologar derechos entre los trabajadores, se crea la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que nuclea a quienes generan su propio trabajo para subsistir. La mayor parte de las organizaciones en la CTEP nacen de los movimientos de excluidos del 2001. En diciembre de 2015 la CTEP logra su personería social y este hecho se convierte en un hito en la historia del movimiento obrero. Mediante una resolución se crea un régimen de agremiación complementario, ampliatorio y compatible con el modelo sindical vigente en Argentina que hasta entonces contemplaba únicamente la situación de los trabajadores en relación de dependencia.
Este reconocimiento pone luz a un hecho innegable: a los trabajadores y las trabajadoras que se inscriben en el mercado laboral bajo formas desprotegidas, sea en una modalidad no registrada o a través de “changas”, les corresponden los mismos derechos que aquellos que tienen una relación formal laboral.
La pandemia puso de manifiesto que nadie puede vivir sin trabajar y que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina lo hacen con algún derecho vulnerado: monotributistas sin posibilidad de contar con una licencia, cuentapropistas o “changueros” que viven con los ingresos del día y trabajadores no registrados que corren el riesgo de perder su trabajo. La desigualdad se hizo carne cuando el Ingreso Familiar de Emergencia alcanzó a casi 8 millones de personas.
La pandemia puso de manifiesto que nadie puede vivir sin trabajar y que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina lo hacen con algún derecho vulnerado: monotributistas sin posibilidad de contar con una licencia, cuentapropistas o “changueros” que viven con los ingresos del día y trabajadores no registrados que corren el riesgo de perder su trabajo”
Las consecuencias económicas también dejaron en evidencia que nadie se salva sólo, y que en los contextos más complejos las organizaciones sociales y gremiales son guardianes de los derechos. Estas organizaciones están cumpliendo un rol clave. Por un lado sostienen las necesidades más apremiantes, como la de garantizar la comida en los barrios populares, y por el otro, tienden canales de diálogo y de participación con el sistema político para avanzar en políticas públicas a favor de los más desprotegidos.
La puesta en marcha del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular involucró la participación activa de las organizaciones populares. A través de esta política se avanzó en un tema pendiente durante los últimos 4 años: el reconocimiento, la formalización y la garantía de derechos para los trabajadores de la economía popular. Ser parte del registro les permite ingresar a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y acceder a herramientas crediticias y de inclusión financiera. El reconocimiento es el paso fundamental para luego avanzar en otros instrumentos de formalización, como la facturación a través del monotributo productivo y el acceso a una obra social. Más que nunca se hace evidente que la política está inextricablemente atravesada por la porosidad entre las organizaciones sociales y el Estado.
Todos los sectores del trabajo vieron afectada su actividad. Las organizaciones de trabajadores formales tuvieron una agenda marcada por el inevitable reclamo de sostenimiento del empleo, para lo cual el Estado aplicó la Asistencia al Trabajo y la Producción –ATP-. La coyuntura marcó otra necesidad, debatir los derechos bajo la modalidad del teletrabajo. Esta se impuso como necesidad repentina para muchos y encendió una alarma para evitar que se avance hacia nuevas formas de precarización laboral. Representantes gremiales participaron de forma activa en el debate del Régimen de Contratación de Teletrabajo que logró media sanción en el Congreso, con amplio consenso en el mundo sindical, no así en el empresarial que reclama algunas modificaciones.
La presencia de los sindicatos fue clave para que la regulación contemple factores como el derecho a la desconexión acorde a una jornada laboral y el respeto a los convenios colectivos de trabajo. Este régimen además incorpora una demanda histórica del feminismo: el reconocimiento de las tareas de cuidado al establecer el derecho de adaptar o interrumpir la jornada laboral para aquellas personas que tengan a alguien a cargo.
La pandemia demuestra, una vez más, que una gestión estatal con la mirada puesta en hacer valer los derechos de los trabajadores es aquella que se apoya en la escucha atenta ante los reclamos de las organizaciones históricas. Muchas veces vapuleadas, estigmatizadas y desacreditadas, las organizaciones se hacen presentes en momentos de crisis desde su rol de contención y canalización de las demandas hacia el sistema político.
La pandemia demuestra, una vez más, que una gestión estatal con la mirada puesta en hacer valer los derechos de los trabajadores es aquella que se apoya en la escucha atenta ante los reclamos de las organizaciones históricas”
Vale recordar la importancia que tuvieron las demostraciones de fuerza en la calle durante los 4 años del gobierno de Cambiemos. Uno de los principales proyectos de ley que intentó aprobar la gestión de Mauricio Macri, la reforma laboral, encontró su límite en la calle cuando el gobierno advirtió que no podía sortear nuevamente una movilización similar a la sanción de la reforma previsional.
Poco se ha mencionado en la agenda “post-pandemia” la relevancia que tiene para la ejecución de las políticas de Estado contar con un tejido conectivo ante las necesidades apremiantes de la población. Como en distintos momentos históricos, hoy es el momento de avanzar en una agenda en conjunto con las organizaciones de los trabajadores que pueda revertir de una vez por todas las injusticias que atraviesan el mundo laboral.
Las 8 millones de personas inscriptas en el IFE nos obligan a una discusión urgente. El Estado ya no puede dar la espalda a los trabajadores que realizan sus trabajos en la informalidad, sin ninguna garantía de derechos laborales y muchas veces con ingresos que no les permiten estar por encima de la línea de pobreza.
Es necesario que todos aquellos trabajadores hoy denominados esenciales desarrollen sus tareas en condiciones dignas. Quienes trabajan en la salud, en su mayoría mujeres, lo hacen muchas veces de manera precaria, con salarios bajos y sin condiciones de seguridad e higiene suficientes. Los trabajos asociados al cuidado son los peores remunerados del mercado laboral.
En un escalón más profundo de desvalorización se encuentra el trabajo de cuidado al interior de los hogares, tareas realizadas también en su mayoría por mujeres. Sin las escuelas abiertas, para quienes tienen niño/as en el hogar las tareas de cuidado pasaron a ocupar las 24 horas de los 7 días de la semana. La creación del Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad significa un gran avance en el camino del reconocimiento. No obstante, hasta que nuestro país no cuente con un Sistema integral de cuidados justo y equitativo, seguiremos atrasados en la igualación de derechos.
Por último, en el extremo de la precariedad se encuentran los trabajadores de la economía de plataformas. Bajo el pretexto de la colaboración y el emprendedurismo las empresas incurren en regímenes laborales desde hace tiempo ilegales. Pero los llamados “Rappitenderos” entendieron que sin organización no hay derechos y reclamaron mejoras en sus condiciones de trabajo con la herramienta más contundente para el trabajador organizado: el paro. Es hora de que este tema sea prioritario para la política y se avance hacia algún tipo de regulación de la actividad.
El presente está condicionado por una pandemia sin precedentes en el siglo XXI. El futuro parece incierto, sin embargo no debería haber dudas de que la única manera de terminar con las injusticias en nuestro país es con trabajo ‘digno’ y de la mano de la organización de los trabajadores y trabajadoras.
