En medio del aumento de la inseguridad, Alberto Fernández se endurece y apuesta a una inversión millonaria para tener “cárceles dignas”

el impacto del coronavirus. Alberto Fernández busca incursionar por un camino intermedio entre el discurso garantista que predomina en el Frente de Todos y el reclamo de mano dura de sectores extremos de la oposición. Por eso, por un lado recurrió a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; para cerrar la polémica en torno a la suba del delito y admitir que “hay más casos”; y en las últimas 48 horas instaló en el centro de su agenda la situación en el sistema penitenciario de todo el país.

Concretamente, el jefe de Estado pidió construir “cárceles dignas” para asegurar que “el que infringe la ley, paga las consecuencias”, pero “sin sufrir tormentos”. Y para reafirmar esa intención este viernes se pondrá al frente de la inauguración de nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense con Axel Kicillof. En el acto, que seguirá desde la Quinta de Olivos mientras el gobernador estará en forma presencial desde Florencio Varela, se anunciará la finalización de 364 nuevas plazas en los complejos de Florencio Varela, Magdalena y San Martín.

Se trata de los hospitales penitenciarios modulares que servirán para aislar a detenidos pero que una vez que pase la pandemia podrán readaptarse como espacios comunes, escuelas y talleres. A estos centros, más adelante se sumarán plazas en las cárceles de Lomas de Zamora, Campana, Ituzaingó, La Plata, Mar del Plata (Batán), Olavarría y General Alvear. Parte de los fondos corren por cuenta del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis; pero la ejecución la lleva adelante el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

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Los hospitales, cuya construcción Fernández y Kicillof acordaron en mayo ante la decisión de la Justicia de habilitar los pedidos de detención domiciliaria para evitar contagios intramuros, contarán con habitaciones individuales, servicio de laboratorio, sala de rayos y ecografía, cama de terapia intensiva, unidad de diálisis, ecógrafos, equipo de rayos y mamógrafos.

Pero el plan global de Infraestructura Penitenciaria de la Provincia, que prevé una inversión cercana a los 800 millones, excede al combate del Covid-19: el objetivo es que para mayo del próximo año haya más de dos mil plazas nuevas en el Serpenba y sirva para descomprimir la situación en las cárceles. Si bien el acto de este viernes -previsto para las 11- ya estaba en carpeta desde el inicio de esta semana, el Presidente sorprendió en las últimas horas al instalar el tema durante otra la presentación de obras viales en distintos puntos del país. Este jueves aprovechó el pie que le dio el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cuando le planteó la necesidad de que su provincia cuente con un nuevo centro de detención para que “quienes cumplan la condena puedan salir y ser reinsertados en la sociedad sanjuanina”.

En un contexto en el que se cuestiona a su gestión por patrocinar desde la Secretaría de Derechos Humanos la liberación de presos -desde el inicio de su mandato hay alrededor de 2 mil detenidos menos en las cárceles federales- para atenuar el impacto del coronavirus, Alberto F. se diferenció y comprometió la ayuda para Uñac y otros gobernadores que le hicieron pedidos en torno a las cárceles. “Hay que hacerlo. Como soy un hombre del derecho, quiero que las leyes se respeten. Y las leyes se respetan también cuando el que infringe la ley paga las consecuencias”, expuso, con tono duro, sobre un tema que genera prurito a un sector importante del kirchnerismo.

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Sin embargo, de vuelta en el camino del medio y con un guiño a los sectores más progresistas, Fernández advirtió que hay “que tener cárceles dignas, que no se conviertan en un tormento para el que esté allí, sino que le sirva para hacerlo reflexionar y encarar un futuro distinto el día que recupere su libertad”.

“Me acuerdo que en campaña hicimos un homenaje a Esteban Righi -recordó Fernández-, y él siempre decía que a un país y a una sociedad se la mide por las condiciones carcelarias. Estamos bochados en esa materia y tenemos que trabajar mucho para corregir eso”, concluyó.

En lo que respecta a Nación, actualmente el Ministerio de Justicia tiene en curso la construcción de cuatro nuevos establecimientos para el Servicio Penitenciario Federal (SPF): el Complejo de Coronda, Santa Fe, que contará con 464 plazas.; el de Agote, Buenos Aires, que tendrá 1.152 plazas: en Cuyo, Mendoza (1.072 totales, 736 ya en uso); y Marcos Paz, Buenos Aires (2.240 plazas). Apenas este último, pese a los anuncios rimbombantes, se inició durante la gestión de Mauricio Macri. El resto fue trazado antes de 2015, con el gobierno de Cristina Kirchner.

En el Gobierno no descartan que el listado de nuevos complejos se amplíe. Es que, aunque el Servicio Penitenciario Federal cuenta con una situación carcelaria más holgada que el Serpenba -aloja a 11.720 detenidos y tiene una capacidad operativa de 12.198- surge un dato que preocupa: los servicios penitenciarios provinciales albergan a unos 2.500 detenidos que están a disposición de la Justicia Federal. Para el Gobierno nacional no es gratis: abona $375 por día de alojamiento por cada preso y acumula una deuda con las provincias -sólo por este motivo- de 554 millones de pesos.

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No obstante, más allá del hacinamiento, uno de los puntos más cuestionados por organismos de Derechos Humanos, y que -en parte- motivó el motín en el penal de Devoto, apunta a la situación procesal en la que se encuentran los detenidos y a las demoras de la Justicia: en el último informe que presentó Cafiero en el Congreso, se cita un dato de la Secretaría de Justicia, a cargo del cristinista Juan Martín Mena; que expone que hay 6.303 personas detenidas sin condena firme y en calidad de prisión preventiva.