¿Por qué no me quieren?, la pregunta de Cristina y la ley para exportar más

interlocutores elegidos por el  Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para el encuentro en el senado la semana pasada tienen la piel dura. Y, sin embargo, Roberto Domenech (industria avícola), Gustavo Idígoras (industria aceitera) y José Martins (Bolsa de Cereales) no supieron cómo salir del paso.

La vicepresidenta se debe haber dado cuenta porque no insistió. Eso sí, esa reunión sirvió para otra con Alberto Fernández y para que el plan de las 45 entidades que unen al conjunto de la producción, la industria y la exportación agropecuaria vaya tomando cuerpo hasta convertirse en ley, tal como se comprometió el jefe de los Diputados, Sergio Massa.

Con la pandemia, que lo ha invadido todo, esta vez la propuesta de estabilidad fiscal y diversas políticas para que arranque un círculo virtuoso y Argentina pase de exportar US$ 65.000 a 100.000 millones de dólares y logre generar 700.000 nuevos empleos, tiene aceptación.

“Esta reactivación se propone con un impacto fiscal neutro, sin solicitar al Gobierno ningún tipo de subsidio, llevándose a cabo de forma sustentable, cuidando el ambiente con prácticas y procesos que no impacten en el ecosistema y aumenten la producción”, dice un amplísimo documento que fue coordinado por las bolas de cereales de Buenos Aires y Córdoba y la bolsa de Comercio de Rosario .

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Mario Negri,presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, lo puso de relieve: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos su propuesta en el Congreso. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más” .

Por cierto, la unión de las 45 entidades nació como fruto de la necesidad de un proyecto común que abarque desde la producción tranqueras adentro hasta el grano o los vacunos que llegan convertidos en alimentos a la mesa. Es todo un hito ya que hasta ahora eran una especie de colectivo disfuncional.

La único que deja en evidencia algún desacuerdo es la ausencia de la Sociedad Rural. La tradicional entidad no llega a los 3.000 socios, pero en conjunto representan buena parte del PBI sectorial.

La rebeldía de la Rural tiene que ver con la posible ventaja arancelaria a la industria procesadora. Según la Rural, comprarían la materia prima más barata para transformarla en aceite, harina y biocombustibles. Ese diferencial fue eliminado por Mauricio Macri y llevó al mayor polo aceitero del mundo, que se extiende en 65 kilómetros, entre Timbúes al norte de Rosario a General Lagos en el sur; a una situación crítica. Y es otro de los motivos que se esgrime a la hora de explicar la debacle de Vicentin.