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Amnistía Internacional (AI) relevó más de 30 casos de violencia institucional en la Argentina, durante el aislamiento social que se decretó por el coronavirus, en un informe difundido hoy en el que se menciona la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires; el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán; y la “violencia” sobre la comunidad Qom en Chaco, entre otros.
“El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son algunos de los hechos que revelan la necesidad de una profunda reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad”, indica el estudio difundido a la prensa.
Hoy, el presidente Alberto Fernández reafirmó que se necesita “saber qué pasó” con Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y sostuvo que, “en un estado de derecho, la violencia institucional es inadmisible” y “no hay ningún espacio para la tolerancia”.
“Necesitamos saber qué pasó con Facundo. Quiero que lo encontremos y, si alguien fue responsable de un acto ilícito, tiene que cargar con las consecuencias”, sostuvo el mandatario en una entrevista a la radio online FutuRöck.
Según el informe de AI, los casos relevados “se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia”, y “todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad”.
Desde la organización internacional también manifestaron preocupación por el hecho de que “la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza”.
En particular sobre la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, de 22 años, recordaron el pedido de una “acción urgente” en referencia a la búsqueda del paradero de quien fuera visto por última vez el 30 de abril pasado en la Provincia de Buenos Aires, tras ser detenido por la policía a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich, por “violar la cuarentena”.
El texto explica que “cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de una serie de contradicciones en sus declaraciones”, y que “se dice que uno de ellos afirmó que Castro se fue en un auto después de ser detenido por los agentes, aunque más tarde cambió su historia para decir que el joven se fue a pie”.
“Tres testigos, sin embargo, afirman que el joven fue subido a un vehículo policial. El 2 de julio la familia de Facundo denunció los hechos ante la justicia federal bajo la carátula de desaparición forzada y solicitó que la Policía Bonaerense sea apartada de la investigación”, agrega.
Por otra parte, además de los casos mencionados en Tucumán, Chaco y provincia de Buenos Aires, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz.
“Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales, y se sancione a los responsables de violencia estatal”, indica el informe firmado por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El texto aclara, también, que, en el contexto del aislamiento social, a partir de lo dispuesto a nivel nacional, cada provincia dictó sus propias normas y que “algunas han sido más restrictivas que la normativa nacional y han puesto en peligro los derechos humanos”.
