Por decisión de la Cámara de Casación Federal, los jueces del fuero deberán evaluar si conceden prisiones domiciliarias a un conjunto de internos que no sean parte de la nómina de los “casos
graves”. Previo a ello, a raíz un informe que realizó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre presos de riesgo, se tomaron medidas para morigerar la detención de 1.280 personas.En dos semanas, el 10% de ese listado ya dejó las unidades carcelarias, confirmaron fuentes oficiales a Clarín. El problema es el control que se les aplica, ya que no alcanzan las tobilleras electrónicas para todos.
Un universo de 32 unidades carcelarias dependen del Servicio Penitenciario Federal. En ellas se alojan más internos que los que admite la capacidad real de sus instalaciones. La sobrepoblación es del 9,04% según estadísticas oficiales. El hacinamiento es un factor donde se realiza particular análisis en medio del avance del coronavirus en el país.
La situación preocupa, ya que cada prisión domiciliaria concedida debe ser monitoreada, y según pudo corroborar Clarín, no hay suficientes tobilleras electrónicas. Las opciones, sugieren que personal de las Fuerzas realice “visitas inesperadas a los hogares donde se encuentran los presos”, pero esta situación es compleja ya que el personal está avocado a las medidas de control sobre el cumplimiento de la cuarentena.
El total de detenidos que duermen en las prisiones federales es de 13.841, aunque la capacidad de esos penales es para sólo 12.694 personas. Hay 1.147 presos que no tienen las comodidades mínimas de detención.
De este conjunto de personas con prisiones preventivas -más de la mitad (51%) aún sin condena- un total de 1.280 son considerados presos de riesgo. Sobre ellos, la Justicia federal aconsejó a los jueces que los tienen a disposición, que contemplen sus patologías y edades, conceder el arresto domiciliario.
De ese total, el 10% ya dejó las cárceles federales; “algunos con tobillera pero otros no”, informaron fuentes judiciales a Clarín. Para algunos casos, los jueces concedieron de forma provisoria el beneficio de cumplir la detención en sus casas, hasta tanto dure la pandemia del COVID19. Entonces, todo deberá revaluarse.
Presos de riesgo
Para confeccionar dicho listado, se tuvieron en cuenta las enfermedades preexistentes de los detenidos; por ejemplo, hay 206 internos que tienen EPOC o asma, de los cuales 178 no llegan 60 años. Con diabetes hay 265 presos, y de ellos 193 tiene menos de 60 años. Con 64 años, Lázaro Báez integra el grupo de 73 presos que sí reúnen las dos condiciones de riesgo.
El SPF aloja a 83 reclusos que padecen insuficiencias cardíacas, 43 de los cuales son menores a 60 años. Quienes padecen insuficiencia renal crónica son cinco, tres de los cuales están por debajo de la edad de riesgo. Los enfermos oncológicos son 43, aunque sólo ocho de ellos superan los 60 años.
En el grupo vulnerable por enfermedades preexistentes se encuentran quienes padecen VIH: 232 internos, casi todos (220) menores de 60. Con tuberculosis hay 31 detenidos, ninguno mayor de 60 años.
“Hepatitis A y B en tratamiento” es una condición que tienen 29 presos y sólo uno de ellos también supera los 60 años. Una de las categorías especificadas sostiene “otras causales”, y eso nuclea a 196 reclusos, 125 de los cuales están por encima de los 60 años. “Más de una patología” tienen 76 personas ,y finalmente, “añosos” fueron calificados 108 internos.
Esto arroja un total de 1.279 presos dentro del “grupo de riesgo”. La lista incluye a Lázaro Báez, Luis D’Elía, José María Núñez Carmona, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano, Claudio “Mono” Minnicelli, al represor Alfredo Astiz, entre otros.
Los principales centros carcelarios del SPF son el Penal de Ezeiza y el de Marcos Paz. La cárcel de Villa Devoto también integra el grupo de prisiones en el área metropolitana.
El Penal de Ezeiza aloja a 2.419 presos, cuando su capacidad operativa utilizable es para 1.978 internos. Un exceso de 22%. Algo similar ocurre en Marcos Paz, cuya población es de 2.627 cuando no se deberían superar las 2.433 personas. Devoto no es la excepción a estos números que exponen la sobrepoblación. El penal aloja a 1.853 personas, cuando su capacidad es para 1.683.
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