La “reforma judicial blue” de Cristina avanza más rápido que la del Gobierno

Nación registrado bajo expediente PE-104/20 (Mensaje número 51/20). Hasta ahora, si nada cambia, se votará en el recinto de la Cámara alta el próximo jueves.

Se trata del plan para modificar el funcionamiento de parte de la Justicia Nacional, incluida la ya célebre “cláusula Parrilli” que podría permitir . Y existe otra reforma judicial que está en plena marcha. Es la reforma judicial “blue” de la vicepresidenta Cristina Fernández. Como con el dólar: está el oficial y el paralelo. El mercado toma al último como referencia aunque vaya por carriles subterráneos de la economía.

La reforma judicial “blue” de los K está ideada y es impulsada por los principales allegados a Fernández (Cristina), entre los que se encuentran funcionarios del Gobierno Nacional de Alberto Fernández. Mientras en la opinión pública el debate por el plan formal para cambiar la Justicia acapara el debate, legisladores K trabajan con otros objetivos del Poder Judicial. En paralelo y sin freno.

Uno es modelar el tribunal que podría funcionar en un jury de enjuiciamiento contra el jefe de todos los fiscales federales de la Nación, y también contra cualquier fiscal federal. Otro proyecto, similar, cambiaría la composición del tribunal para hacerle juicio a los defensores oficiales que, por ejemplo, defendieron a “arrepentidos” en expedientes de alto voltaje político. También impulsan denuncias contra un camarista federal que investiga al oficialismo. Avanza sobre la decisión legislativa para remover a otros dos camaristas más, un accionar que incluye modificar el tribunal oral federal que juzgará a la causa Cuadernos de las Coimas. Y más.

El viernes pasado, 21 de agosto, el Presidente publicó un decreto mediante el cual designó a los dos representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Oficial, el órgano que tiene como función la de tratar los jurys contra los fiscales que dependen de la Procuración General de la Nación. El nuevo representante del Gobierno en ese organismo es el abogado ultra K Héctor Recalde, ex diputado nacional, de absoluta confianza de vice Fernández. Su suplente será Pablo Barbuto, actual subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, afín al viceministro del área, el cristinista Juan Martin Mena.

El martes 18 de agosto, el día después de la marcha del 17A donde parte de los miles y miles de manifestantes criticaron a la reforma judicial oficial, el jefe del bloque K en el Senado, José Mayans, presentó un proyecto de resolución en el que le pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se remueva al representante del Senado ante el jury de enjuiciamiento de los fiscales, Mario Laporta. Laporta es abogado defensor de varios ex funcionarios K, pero no contaría con la absoluta confianza de la vice.

Mayans también pide en ese mismo proyecto que se postule a otro representante del Senado ante otro tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público, el del jury para los defensores oficiales, cargo hoy vacante. ¿Por qué el apuro para completar esos dos tribunales, en un caso, buscando remover a un abogado ya designado en un cargo por la misma Cámara alta?

Quien resumió de modos más sintético y brutal el objetivo de estas acciones “blue” fue el senador Oscar Parrilli. Presentó dos escritos ante la Procuración General de la Nación: en uno le pide al jefe de los fiscales que se inicie un juicio político contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien investigó la causa Cuadernos de las Coimas, a quien acusa de “mal desempeño” de sus funciones en ese mismo expediente que tiene como principal acusada a su jefa, Cristina Fernández. Y en otro solicita que también se envíe a un jury por “mal desempeño” al defensor oficial de varios de los testigos que declararon como arrepentidos en esa misma causa, Gustavo Kollmann.

En esas presentaciones, Parrilli apunta también contra el Procurador General interino, Eduardo Casal, a quien le pide que se excuse de actuar, deslizando que fue cómplice de una persecución contra su jefa. Y usa argumentos similares para criticar a la jefa de Kollmann, Stella Maris Martínez.

El Procurador Casal ya avisó en declaraciones públicas que no renunciará a su cargo a pesar de que el oficialismo quiere enjuiciarlo en el Congreso. Para llegar a ese juicio, se deben contar con los dos tercios de votos en las dos cámaras legislativas. EL oficialismo parece haber encontrado un atajo: como Casal es Procurador General interino, el plan sería enjuiciarlo porque en rigor es Procurador ante la Corte Suprema, un fiscal federal “raso”. Con esa lógica, el mismo tribunal que podría tomar la denuncia de Parrilli contra Stornelli actuaría contra Casal si llegase un jury para ambos.

La Asociación de Fiscales, y la Asociación de Magistrados emitieron comunicados al respecto en lo que indican que todo este accionar vulnera garantías constitucionales.

En paralelo, el Senado continúa con la decisión de revisar los nombramientos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que investigan causas de corrupción, y a los que el bloque K considera más designados en sus cargos por la gestión estatal anterior. En el listado de jueces que se busca remover con el mismo argumento se encuentra uno de los magistrados que debe juzgar en el tribunal oral 7 a la causa Cuadernos de las Coimas, Germán Castelli.

Quien presidirá las sesiones en las que se podría jugar la suerte de estos jueces es la principal acusada por ellos tres en el caso Cuadernos: Fernández (Cristina).

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi buscaron frenar su remoción con una cautelar que trató una jueza del fuero contencioso administrativo.

Por ahora su “caso” en el Senado continúa. La reforma judicial “oficial” se modificó para frenar la fusión del fuero antes nombrado con el fuero civil. Azares.

El oficialismo también impulsa una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en la que se acusa a un histórico camarista Federal de “mal desempeño” de sus funciones: es Martín Irurzun.

La vicepresidenta lo criticó en declaraciones o tuits públicos varias veces. Lo acusa de haber sido el autor de lo que ella llama la “doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri”.

Más azares de la política y la Justicia: Irurzun conforma la Cámara Federal con colegas como Bruglia y Bertuzzi, antes mencionados como posibles removidos por el Senado en el que Fernández tiene mayoría de los votos.

La vice había criticado a Irurzun en un tuit en el que también acusó a Bruglia de estar “flojo de papeles” y de haber “consagrado” la impunidad del ex presidente Mauricio Macri por un fallo de la Cámara Federal que afectó un pedido de su abogado, Alberto Beraldi, sobre una de las causas sobre supuesto espionaje en la gestión macrista. En ese expediente, Beraldi no la defiende a ella, es el abogado del empresario K Cristóbal López.

Beraldi integra también la llamada “Comisión Beraldi” en su honor: es el consejo de especialistas que debe emitir opinión ante el Gobierno sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, entre otros ítems.

El oficialismo envió entonces al Congreso un proyecto de reforma de la Justicia mientras espera que se expida una comisión de expertos sobre el funcionamiento de la Justicia.

¿De votarse el proyecto tal como busca el oficialismo los tuits de Fernández (Cristina) con críticas y acusaciones sin pruebas contra Irurzun, Bertuzzi y Bruglia podrían tomarse como una presión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial?

El escritor Franz Kafka es autor de una novela a la que no llegó a ponerle un final, entre otras obras. Ese relato se llama “El Proceso”. Su protagonista es apresado y ninguna autoridad judicial le explica por qué. El preso sin causa no tiene apellido. Solo lo identifica un nombre, Josef, y se apellida apenas con una letra. La K. Literatura total.