Ocho meses después de recuperar la libertad tras una batalla judicial que duró once años, Cristina Vázquez fue hallada muerta en su casa de Misiones y todo indica que
se trató de un suicidio. La mujer, de 38 años, había sido condenada a prisión perpetua por el homicidio a martillazos de una jubilada, pero la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad por considerar que no existían pruebas suficientes.
Los familiares y amigos de Cristina comenzaron a preocuparse el martes porque no respondía mensajes ni llamados. Al padre Alberto Barros, responsable de Cáritas en Posadas, también le llamó la atención que Vázquez no le hubiera avisado que iba a faltar, pero como no había notado ninguna actitud extraña en su comportamiento no imaginó que la joven iba a quitarse la vida.
La mujer tenía un sueldo estatal y estaba intentando recomponer su vida después de haber pasado once años tras las rejas. “Por momentos le costaba. Nos decía que se encontró con otro mundo cuando salió de la cárcel”, dijo una persona que tenía trato a diario con ella.
De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los investigadores, Vázquez estuvo el lunes a la tarde con sus padres y por la noche retornó al pequeño departamento que alquilaba en el mismo vecindario. Después de recuperar la libertad no pudo recomponer la relación con su familia y los conflictos se mantenían pese al paso del tiempo.
Cecilia Rojas, coimputada en la causa por el homicidio de Ersélides Dávalos, fue una de las primeras en preocuparse por la suerte corrida por Cristina. Es que había ido hasta el monoambiente y advirtió que la llave de la única puerta de acceso estaba colocada del lado de adentro.
Cristina Vázquez había estado en el penal de mujeres de Posadas.
Este miércoles, cerca de las 14.30, la familia alertó a la Policía y una patrulla de la comisaría tercera llegó hasta la calle Félix Aguirre 1965. Después de romper un pequeño vidrio y accionar la llave, ingresaron y hallaron a Vázquez colgada de una sábana que había atado al marco de la puerta. Su muerte se habría producido el lunes a la noche, estimaron los médicos policiales.
En el lugar la Policía secuestró un cuaderno manuscrito con notas dirigidas a tres personas, una de ellas su padre. Allí pidió perdón por su decisión y les dijo que los quería.
El juez de Instrucción Ricardo Balor ordenó peritar los manuscritos y también el celular de la mujer para descartar que haya sido inducida a quitarse la vida.
Desde Cáritas Posadas, donde trabajaba algunas horas seleccionando prendas donadas y realizando otras tareas, dijeron que no notaron un comportamiento extraño en Vázquez. Incluso la habían visto entusiasmada porque estaba por iniciar una demanda al Estado provincial por los 11 años que injustamente pasó privada de su libertad.
Vázquez había sido detenida junto a Rojas y Ricardo Omar Jara por el crimen de la jubilada Ersélides Dávalos (79), quien fue atacada a martillazos en su casa la noche del 27 de julio de 2001.
Los tres fueron liberados, pero luego la Justicia volvió a pedir su captura. Rojas fue apresada en 2005 y Vázquez tres años después cuando trabajaba como mesera en un bar de Recoleta.
Cristina Vázquez, en su casa de Posadas, Misiones, ya liberada tras pasar 11 años en prisión, condenada a perpetua sin pruebas.
En 2010 los tres fueron condenados a prisión perpetua por “homicidio calificado criminis causa”, aunque los defensores apelaron. La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia, pero en 2016 la Corte Suprema ordenó revisar el polémico fallo. El expediente volvió al máximo tribunal de Misiones, que ratificó una vez más la sentencia. Los defensores nuevamente fueron a la Corte.
Recién a fines del año pasado, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti les otorgaron la libertad por considerar que la revisión hecha por el Superior Tribunal fue “deficitaria, en tanto se había apartado de las constancias de la causa, desatendiendo prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia”.
“La causa resultó ser un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo y que ello se debía a la revisión parcial y sesgada que se había hecho del fallo”, indicaron. Y calificaron de “injusticia” la detención de las dos mujeres.
EMJ
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