El miércoles se publicó el decreto que determina un aumento de las jubilaciones de 7,5% para el mes de septiembre.
Este decreto continúa generando problemas indeseados.
Una persona que se jubila iniciando su trámite el 31 de agosto, con 35 años de aporte y un salario promedio de $ 74.800 cobraría en el mes de septiembre $ 50.000.
Ahora, si lo inicia en septiembre cobrará $ 52.840, es decir un 5,7% más.
¿Por qué pasa esto? Porque las leyes están mal diseñadas y los aumentos por decreto traen más distorsiones. A más altas remuneraciones o más tiempo de aportes mayor la distorsión, los que más trabajan son los más perjudicados.
Desde la ANSeS se preocuparon por indicar que las jubilaciones mínimas le habrían ganado a la inflación durante lo que va del año, pero de estos descalabros no hay palabra. Del atraso de las jubilaciones que prometió resolverse, tampoco.
En diciembre se consolidó la llamada “Ley de solidaridad social y reactivación productiva”, que entre otros grandes logros suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y termina produciendo estos problemas.
¿Es lógico que esto suceda?
¿Los Diputados no debían prever este problema?
Con 131 votos a favor de los 259 (dos más que el mínimo), es decir que por apenas tres votos de diferencia se inclinó la balanza hacia un sistema de ajustes discrecionales de los haberes jubilatorios del régimen general sin modificar otros regímenes.
La idea que enunciaron en el recinto era priorizar a los haberes más bajos, pidiéndole un “esfuerzo a los jubilados que más cobraban”. Por aquel momento varios dijimos que podían los legisladores dar una muestra de solidaridad frente a tantas emergencias descubiertas por el Cuerpo Legislativo que requería que otros se ajustaran el cinturón. No lo hicieron entonces, tampoco con la emergencia sanitaria que llegó 3 meses más tarde.
El problema surge de las odiosas comparaciones. Comparar el haber mínimo jubilatorio que hubiera dado la Ley suspendida con el resultado del haber vigente a septiembre de este año hubiera dado un 4,8% más, eso es para los que se decía proteger de una mala Ley -la de las toneladas de piedras arrojadas al Congreso-. Si la Ley anterior era mala esta es peor.
Ahora los haberes máximos pierden un 14,1%, sólo por esta comparación.
Todos perdieron contra la inflación los tres años anteriores, “un 24% en dos años”, decía Alejandro Vanoli en febrero cuando era el director Ejecutivo de la ANSES, hablando de la pesada herencia aparentemente olvidada. En esa “vieja normalidad” de febrero el funcionario habló de una “bomba atómica”, refiriéndose al atraso en el pago de 3 meses de marzo de 2018.
Mirar el debate de la sesión de la Cámara de Diputados requiere un difícil ejercicio de estoicismo, es evidente que ninguno de los legisladores sabía exactamente qué se votaba. Muchos preguntaron si ciertos regímenes jubilatorios estaban incluidos o no, y no había respuestas, solo chicanas.
Es inconcebible que el trabajador tenga que hacer un curso de ingeniería avanzada para decidir cuándo se jubila.
Es inconcebible que no haya debate público por parte de los Diputados.
Es inconcebible que sigan haciendo leyes incoherentes y luego no cumplan con los plazos autoimpuestos.
Debatimos a diario si corresponde un x% más, un índice u otro, sobre todo si unos hicieron cosas peores que otros. No debemos perdernos en mirar la caída de este mes, del trimestre pasado o la fórmula a futuro.
Vivimos en constante emergencia en la que siempre los mismos pagan el pato, pero esa ya no puede ser una excusa.
Lo importante para nuestros jubilados es recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2016.
(*) Adrián A. Tróccoli es abogado especializado en Seguridad Social.
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