Paraguay“debe investigar sin demora y de forma imparcial” la muerte de dos niñas durante un operativo realizado esta semana contra la guerrilla EPP”, dijo el representante en América
del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jarab, según consignó un comunicado de la oficina regional de DDHH de la ONU, con sede en Santiago de Chile.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra el grupo armado ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Las niñas, que fallecieron el miércoles durante dos choques armados en el norteño departamento de Concepción, tenían 11 años, de acuerdo con el segundo análisis forense de la Fiscalía, que en el primero estableció entre 15 y 17 años de edad.
El resultado del segundo examen, este sábado, coincide con el comunicado de la Cancillería de Argentina, que un día antes aportó esos datos y el de la nacionalidad de las menores, ambas con documentación de ese país.
El mandatario Mario Abdo Benitez (c), junto a su ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia (c-i) y el fiscal del caso Federico Delfino (2-d). Foto EFE
“¿Quiénes se van a presentar a reclamar? porque de acuerdo a la información que se maneja, algunos de los líderes que estaban en el enfrentamiento son los padres. Entonces deberían presentarse ellos a reclamar los cadáveres de sus hijas”, dijo a periodistas el ministro asesor de Asuntos Internacionales paraguayo, Federico González.
Jarab afirmó que su oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.
En concreto, detalló que es particularmente importante tener presente el Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
El representante de ONU DD.HH. en Sudamérica subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Muchas dudas
El Gobierno paraguayo informó tras el operativo de que las menores estaban armadas y que una de ellas abrió fuego contra la patrulla de reconocimiento que detectó la presencia guerrillera en la zona, y responsabilizó de esas muertes al EPP, al que esta semana acusó de reclutar a menores.
Hasta el momento prosiguen las operaciones en la zona para dar con el resto de guerrilleros que estaban en el campamento del EPP, que opera desde 2008 en el norte de Paraguay.
El grupo es conocido por el secuestro de varios miembros de las comunidades menonitas del norte de Paraguay y por sus extorsiones financieras a otros productores agroganaderos.
Parte de la investigación paraguaya radica en la nacionalidad de las víctimas, que tenían documentación argentina, según remitieron las autoridades de Buenos Aires a las de Asunción.
No obstante, el Gobierno maneja la hipótesis de que nacieron en Paraguay y de padres guerrilleros, sin descartar que pudieron crecer en Argentina.
Al respecto, el fiscal del caso, Federico Delfino, declaró que las niñas ingresaron desde Argentina el pasado noviembre, acompañadas de “sus supuestas madres”, las cuales las “habrían entregado al grupo criminal y las habrían dejado en ese sitio (el campamento)”.
El fiscal identificó a esas mujeres como Miriam Villalba y Laura Villalba, si bien reiteró que “no son las madres biológicas” El Gobierno ha reiterado esta semana que las menores estaban armadas y que una de ellas abrió fuego contra la patrulla de reconocimiento de la FTC que detectó la presencia guerrillera en la zona.
Osvaldo Villalba sería el líder del EPP y es hermano de Carmen Villalba, presa y condenada por terrorismo en la cárcel de mujeres de Asunción. La mujer, fundadora y líder del EPP, aseguró en un audio divulgado por la prensa el viernes que las dos mujeres abatidas, sus sobrinas, “tenían 11 añitos”.
“Estas niñas no son combatientes. Quisieron ir a festejar un cumpleaños. Quisieron ver a sus padres después de 10 años, porque salieron (del país) cuando eran bebés y hoy les tocó esta maldita suerte”, expresó.
Fuente: EFE y Clarín
PB
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
