El ministro de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, fue denunciado penalmente acusado de interferir en el Poder Judicial a partir de una declaración pública que el funcionario realizó sobre el violento robo que sufrió la modelo Luli Fernández en su casa de Malvinas Argentinas, en abril pasado.
Berni reconoció que llamó al fiscal de instrucción Martín Viscovich cuando supo que había resuelto la libertad de Marcelo Viera, uno de los presuntos autores del asalto. “Levantamos el teléfono y le dijimos de todo, se dio cuenta de lo que había hecho y a la noche ordenó la detención”, admitió el ministro en el programa “Mujeres de El Trece”.
“Reconocer eso es una verdadera locura. Es decir que el Poder Político interfiere en el Poder Judicial”, dice a PERFILel abogado Juan Manuel Casolati, defensor de dos de los imputados por el robo a la modelo.
Casolati no solo denunció al ministro sino que además pidió la recusación del fiscal Viscovich por afectar “los principios de objetividad, legalidad, independencia y oficialidad”.
En la audiencia de hoy, el abogado planteó “la falta de vocación” del funcionario judicial “para posibilitar el descubrimiento de la verdad, permitiendo una injerencia indebida en su investigación” del ministro de seguridad y “no denunciando tal acto irregular siquiera a su superior”.
“Es posible aseverar -indica el abogado en el escrito que presentó en el Juzgado de Garantías N° 3 de San Martín– que, desde el inicio mismo de la causa, la injerencia del ministro fue concreta, directa y consecuente”.
Sobre la revelación del ministro, Casolati aseveró que “es un acto prohibido y claramente reñido con el estado de derecho y la división de poderes”.
“El fiscal, de manera inmediata debió haber dado aviso a su superior y denunciar esa actitud temeraria del intento del ministro de influenciar de ese modo”, entendió.
“Berni mintió”, dice el abogado de la familia Astudillo Castro
Para el abogado, el fiscal Viscovich fue “condicionado” y dirigió su actuación “según las indicaciones de una persona ajena” y actuó en consecuencia de acuerdo a “los designios del funcionario, que ahora y sin tapujos admite la injerencia como un acto loable, cuando en
realidad se trata en definitiva de un acto reñido con toda legalidad posible”.
El caso que dio inicio a esta causa ocurrió el martes 21 de abril pasado, cuando Luli Fernández y su familia fueron asaltados en su casa de Malvinas Argentinas.
Dos sujetos armados entraron a robar y tomaron ocho rehenes (además de la pareja y el hijo de la modelo estaban en la casa la mamá de Luli y cuatro albañiles que se encontraban trabajando en una refacción). Los delincuentes escaparon con el dinero de una caja fuerte, artículos de cosmética, joyas y costosos relojes.
El golpe duró ocho minutos, pero fue lo suficientemente violento como para dejar un trauma en las víctimas. “Acá no están los dólares, dame los dólares que me voy a llegar al nene”, le dijeron a “Luli”, en el momento más tenso del robo.
Por el asalto hay dos detenidos, Marcelo Viera (48), señalado como presunto autor material, y Leonardo Ocampo (30), acusado por encubrimiento ya que en su casa hallaron objetos pertenecientes a la víctima.
Viera fue arrestado el martes 18 de agosto pasado cuando fue a realizar un trámite para retirar un auto que había secuestrado por una infracción. Hasta el 6 de abril había estado preso en la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín.
Su hermano Daniel se encuentra prófugo y para los investigadores se trataría del otro sujeto que entró a robar a la casa de la modelo.
Ocampo, por su parte, que trabaja como chofer en una empresa de transporte y no tiene antecedentes delictivos, negó su participación en el hecho, pero igual continúa detenido en la DDI de Tres de Febrero.
“Ahora y con el reconocimiento de parte de Berni en el punto que llamó y retó al fiscal Viscovich, se entiende más claramente por qué lo detuvieron a Ocampo y por qué el fiscal y los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Martín, no le concedieron el arresto domiciliario.
Hoy puedo asegurar casi con certeza que también en este caso hubo una injerencia ilegal del ministro (delito) y una aceptación irregular de esa orden de parte del fiscal”, entendió el letrado.
LN / DS
